Esto, después que el cuerpo legislativo no consiguió dos votos que le faltaban para aprobar el proyecto de la Cámara de Representantes 1003, dirigido a terminar con la quiebra fiscal de Puerto Rico.
‘No aprobar esta legislación significa que Puerto Rico permanece atascado en una nube de bancarrota, sofocando su capacidad para crecer y atraer la inversión necesaria’, sostuvo el organismo impuesto por Washington mediante la legislación Promesa de 2016.
La JSF advirtió que las pensiones no estarán protegidas, ya que el plan no será modificado para brindar apoyo adicional a la Universidad de Puerto Rico ni a los 78 ayuntamientos puertorriqueños, 40 de los cuales desean que desaparezcan.
La desesperación de la Junta de Supervisión Fiscal se agudizó ante la presión de los trabajadores del sistema público y los estudiantes universitarios, que ven amenazados su futuro.
El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, anunció el receso hasta el martes, después de dos días sin lograr sumar los votos necesarios de algunos miembros de su Partido Popular Democrático (PPD) y del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), del gobernador Pedro R. Pierluisi.
El plazo otorgado por la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, es hasta mañana a las 14:00, hora local.
El organismo negoció con los acreedores de Puerto Rico un plan que beneficia a los fondos buitres, que adquirieron los bonos a razón de 25 centavos y recibirán 75 centavos de dólar.
Mientras, elimina por 25 años ajustes en las pensiones a tenor con el costo de la vida, reduce a 500 millones de dólares el presupuesto de la estatal Universidad de Puerto Rico (UPR), desestimando la fórmula tradicional a partir de los ingresos fiscales, además de dejar en el desamparo a diversos sectores empobrecidos.
Según la Junta, el plan reduce la deuda pendiente del Estado Libre Asociado en 80 por ciento, de 33 mil millones a siete mil millones de dólares, y garantiza que el Gobierno no pagaría más de mil 150 millones de dólares al año.
Además, ahorra casi 50 mil millones de dólares en el servicio de la deuda, que de otro modo se adeudaría, y permite al Gobierno pagar poco más de siete centavos de cada dólar de impuestos por el servicio de la deuda, en comparación con los hasta 25 centavos antes de cualquier reestructuración.
El plan brinda también seguridad a los futuros beneficiarios de pensiones, al establecer un fideicomiso financiado con al menos 175 millones de dólares por año y asignando la mayor parte del excedente al fideicomiso de pensiones.
npg/nrm
