Las acusaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales y el Sindicato de la Prensa, ambos argentinos; y de la boliviana Red Andina de Información, aluden a agresiones durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, según refiere la Agencia Boliviana de Información.
Los entes denunciantes atribuyeron los hechos violentos contra trabajadores de la prensa y medios comunitarios a los llamados ‘grupos cívicos’ y a militares que asumieron el poder tras el golpe de Estado de noviembre de aquel año.
Las tres organizaciones identifican en especial a grupos civiles que cometieron junto a policías y militares graves maltratos, abusos y actos racistas, también contra indígenas y autoridades.
Entre las denuncias más serias de los denunciantes argentinos y bolivianos figura la argumentada contra la paramilitar Resistencia Juvenil Cochala, ‘que se definió como un ente fiscalizador y de control para responder a las amenazas y al vandalismo’.
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