Diputados y senadores de la fuerza política opositora definieron esas prioridades en una agenda de trabajo acordada hasta finales del año con la mira puesta en el empleo y el comercio minorista.
En relación con la Rendición de Cuentas señalaron que ‘deja una gran preocupación por los salarios de trabajadores, e ingresos de jubilados y pensionistas.
Por otro lado, representantes de la central sindical Pit-Cnt en la comisión de expertos para la reforma previsional, denunciaron el perjuicio a esos sectores sociales que causará las recomendaciones de los partidos de la gobernante coalición de derecha.
La diputada frenteamplista Ana Olivera resaltó entre las prioridades de su fuerza política el seguimiento de la situación del puerto de Montevideo, tras la decisión del Poder Ejecutivo de extender por 50 años más el monopolio de la terminal de contenedores a la multinacional Katoen Natie.
El sindicato portuario (Supra) abrió un plazo hasta fin de mes para volver a la mesa de negociaciones con KN antes de adoptar otra medida, después de negarse a firmar un acuerdo para aumentarle a 30 trabajadores con más de cinco años de antigüedad de 13 a 18 jornales de ingresos mensuales.
También en la semana, trabajadores de la construcción y los combustibles se concentraron frente al parlamento donde una delegación conjunta presentó un proyecto de inversión de un horno para rescatar la industria nacional cementera, expuesta a un plan gubernamental de asociación privatizadora.
A su vez, el sindicato de telecomunicaciones (Sutel) rechazó el artículo 48 del proyecto de la Ley de Medios, pendiente de debate parlamentario, el cual cede el patrimonio de la empresa estatal Antel a los privados y desregula el monopolio de dicha entidad.
La Coordinadora de Ollas Populares de Uruguay reiteró su reclamo desde el inicio de la pandemia de la Covid-19 de que el Estado se haga cargo de la situación crítica alimentaria en la nación.
De protesta frente al Ministerio de desarrollo social, denunció que hay más de 250 ollas populares en Montevideo, donde existen cerca de 150 mil personas en situación vulnerable por desempleos y encontrarse bajo la línea de la pobreza.
Mientras el Congreso de intendencias solicitó extender por dos meses más el insuficiente programa de 15 mil puestos de trabajo temporales como paliativos para las 184 mil personas desempleadas.
En este escenario, la Corte Electoral de Uruguay validó casi 500 mil firmas de las 675 mil necesarias para un referendo revocatorio de 135 artículos de la cuestionada Ley de Urgente Consideración (LUC).
La dirigente del Pit-Cnt, Milagro Pau, destacó que ‘los militantes trabajaron con responsabilidad y los uruguayos que firmaron lo hicieron con transparencia’ en una causa nacional en la cual participaron diversas organizaciones sociales, militantes de todos los partidos y personalidades de la cultura y el deporte.
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