Convocada por sectores cívicos y de la oposición, la medida de fuerza tuvo por motivo presionar a las autoridades para derogar la Ley 1386 de ‘Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo’.
Sin embargo, dirigentes gremiales, políticos y legisladores afines al Movimiento al Socialismo denunciaron que la acción tenía por propósito la desestabilización para derrocar al presidente boliviano, Luis Arce.
Más allá de las tensiones vividas con puntos de bloqueos en algunas regiones y manifestaciones de pequeños grupos aislados, la inmensa mayoría del pueblo boliviano optó por trabajar, destacó la víspera la viceministra de Comunicación Gabriela Alcón.
Expresó que algunos sectores de la oposición trataron de instrumentalizar la norma al generar temor y descontextualizarla, pero el Gobierno prefirió el diálogo, ‘estamos abiertos al diálogo’, subrayó.
Como parte de ese intercambio, ayer el dirigente de la Confederación de Trabajadores Gremiales en el departamento de Pando, Demetrio Condori, aseguró que la 1386 será socializada en todas las regionales, pero ‘no solo esta Ley’, dijo, sino ‘todas las leyes que salgan’.
Con ello, expresó, evitaremos que la oposición ‘siga queriendo tumbar al Gobierno’.
Nosotros no lo vamos a permitir y damos total respaldo a nuestro presidente Luis Arce y vicepresidente David Choquehuanca, subrayó.
Horas antes del paro el jueves, dirigentes gremiales de trabajadores se distanciaron al comunicar su negativa a participar y anunciaron la apertura de los mercados y que las actividades serán normales en los nueve departamentos del país, como ocurrió.
Tras un análisis y evaluación de la jornada la víspera, el dirigente enfatizó que ‘no se acató ningún paro’ porque trabajaron en los mercados y en el transporte ‘totalmente normal’.
También en la semana ocupó un espacio importante el foro político denominado ‘¿Qué pasó en las elecciones de Bolivia del 2019 y el informe de la OEA? Expertos comparten sus hallazgos’.
Celebrado en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) e impulsada por Bolivia y copatrocinada por las misiones permanentes de Argentina y México, la reunión buscaba esclarecer los hechos ocurridos en noviembre de 2019.
En esa fecha, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, en la figura de su secretario general, Luis Almagro, denunció sin pruebas un presunto fraude electoral que derivó en masivas protestas y violencia, orquestadas por la derecha opositora.
La desestabilización fue el caldo de cultivo para la salida del poder, por la fuerza, del entonces presidente constitucional, Evo Morales, ganador de las elecciones generales ese año.
Nuestra cruzada es por ‘la verdad’ y no es ‘contra de nadie’, manifestó el embajador boliviano ante el organismo, Héctor Arce, quien aseguró que su fin busca el definitivo esclarecimiento de los hechos.
El lunes el presidente Arce destacó el renacer de la esperanza y de construir una mejor Bolivia al intervenir en la Cumbre Nacional para la Reconstrucción Económica y Productiva del país, encuentros que comenzaron en abril último y finalizaron esta semana, con el abordaje de temas como la salud, educación, empleo, emprendimiento e industrias, agua, y otros.
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