Los marchantes arribaron a La Paz procedente de la ciudad de El Alto una semana después de su partida de Caracollo, departamento de Oruro, y de caminar alrededor de 190 kilómetros.
Acompañados con banderas wiphalas y las fotos de las víctimas asesinadas por la violencia de la Policía y las Fuerzas Armadas, mujeres, hombres y niños, algunos de ellos aún con las secuelas de la violencia, se dirigieron a la sede del Ministerio Público departamental.
A las puertas de esa instancia exigieron acelerar los procesos judiciales contra los implicados intelectuales y materiales de las masacres, informó el periódico El Pueblo en su cuenta en Twitter.
‘Ya son dos años y no hay justicia, esperamos pacientemente el informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) pero la justicia no avanza. Para el pobre no hay justicia y para el rico sí’, declaró a la prensa una de las víctimas, que marchaba con muletas.
‘Esos asesinos están libres, tienen que estar en (la cárcel de) Chonchocoro. Queremos justicia. Vamos a estar hasta las últimas consecuencias’, manifestó otros de los demandantes.
El sábado las víctimas y familiares presentaron al Gobierno un documento con 22 demandas que deberán ser respondidas en audiencia por el presidente del Estado Plurinacional Luis Arce o, de lo contrario, amenazaron con iniciar una huelga de hambre.
Entre las exigencias, pidieron a las autoridades iniciar juicios penales contra el equipo de gobierno encabezado por la golpista Jeanine Áñez que aprobó el Decreto 4078, conocido como el ‘Decreto de la muerte’, que liberó de responsabilidades penales a policías y militares participantes en operativos.
Otras demandas están referidas a seguir ese mismo procedimiento contra los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, los que formaron parte del plan operativo contra el pueblo y los torturadores en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y en las cárceles.
También pidieron someter a la justicia a los médicos que brindaron un trato inhumano y degradante a los lesionados que buscaron atención sanitaria en los hospitales de El Alto y de Sacaba, municipio de Cochabamba, y mayor cobertura periodística a los afectados, no así a los culpables de esos actos.
Las víctimas arremetieron también contra los grupos políticos de oposición, la jerarquía de la iglesia católica, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia y la expresidente de la Asamblea de Derechos Humanos por encubrir a los autores del Decreto 4078.
En declaraciones ayer a Bolivia TV, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales César Siles informó la disposición del Gobierno a dialogar en mesas de trabajo para atender los reclamos de los movilizados.
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