De acuerdo con Indepaz, se trata de la masacre 81 perpetrada desde enero de este año a la fecha en el país suramericano.
En 2020, Indepaz documentó 91 matanzas de este tipo en las cuales murieron 357 personas, entre ellas niños, indígenas, mujeres y afrocolombianos.
Según la Oficina de la Alta Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en su informe anual emitido en febrero pasado, ‘desde el 2018, el número de masacres se ha incrementado constantemente, siendo el 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014’.
El Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos entiende por masacre el homicidio intencional y simultáneo de tres o más personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario y en estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar.
Indepaz señaló en un informe este año que las masacres se convirtieron en Colombia en parte de un sistema de control de poblaciones, territorios, riqueza y poder mediante el terror criminal.
Señaló que el periodo más brutal fue entre 1995 y 2005 ‘como parte de la estrategia de expansión paramilitar adoptada de hecho como política de Estado, de un Complejo Macrocriminal sustentado en una alianza múltiple de paramilitares, narcotraficantes, empresarios, gobernantes, agentes de la fuerza pública’.
En la fase actual, tras el Acuerdo de Paz, vuelve la escalada de masacres como método de sometimiento mediante el terror en zonas de interés para grupos armados ilegales y alianzas múltiples para disputar riquezas y poder, señaló Indepaz.
Enfatizó que en 2020 estos hechos llegaron a niveles similares a los de 2005, en especial en 40 municipios del Bajo Cauca antioqueño, norte y suroccidente del Cauca, zona del pacífico de Nariño, Putumayo y Catatumbo.
El patrón de estas masacres pos acuerdo es similar al del pasado, pero ‘en esta coyuntura lo central son las disputas por el control de negocios entre mafias, narcoparamilitares y sus aliados, empresarios y políticos incrustados en el Estado’, explicó Indepaz.
Agregó que estas alianzas constituyen complejos macrocriminales que disputan rentas del narcotráfico, minería legal e ilegal del oro, explotación de madera; de tierras, incluidos territorios colectivos, zonas de reserva forestal; de plusvalía asociada a megaproyectos y a obras de infraestructura.
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