El acto tendrá lugar en el coliseo de Puerto Berrío, departamento de Antioquia, donde se encuentra ubicado dicho camposanto.
De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al frente de la audiencia, el estudio para decretar las medidas cautelares se originó ante la petición de protección a lugares donde se presume la existencia de cuerpos sin identificar o no reclamados de víctimas del conflicto armado.
La solicitud la hizo el Movimiento Nacional de Víctimas de Estado (Movice) el 10 de mayo de 2019, tras la cual, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP emitió más de 60 decisiones que le permitieron tener información necesaria para adoptar medidas cautelares.
El 15 de octubre de 2020 ordenó la protección de 356 bóvedas, cinco osarios comunes y dos celdas de custodia en el cementerio La Dolorosa, de Puerto Berrío, lugares identificados luego de una ardua labor investigativa realizada por el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que determinó los distintos niveles de riesgo.
En ese contexto, la Unidad descubrió que la parroquia del municipio había exhumado de las dos celdas de custodia un número indeterminado de cuerpos no identificados durante varios años, sin ningún control ni autorización.
De acuerdo con la JEP, gracias a la investigación y la medida cautelar, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, en articulación con la Unidad de Investigación y Acusación, lograron recuperar desde el 31 de enero pasado a la fecha, 116 cuerpos de personas no identificadas, posibles víctimas de desaparición forzada.
Los restos fueron entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal para continuar con su proceso de identificación.
En la audiencia que se extenderá hasta mañana, los equipos técnicos de la JEP y los forenses narrarán las acciones desplegadas, dificultades y retos en la recuperación humanitaria en estas condiciones.
Asimismo, la parroquia municipal, la Alcaldía de Puerto Berrío, la Personería, la Defensoría Regional del Magdalena Medio, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal, entre otras entidades, rendirán cuentas de sus acciones.
Participarán Movice, familiares de adoptantes de cuerpos de personas no identificadas y diversas organizaciones de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos territoriales.
La guerra en Colombia dejó más de 120 mil personas desaparecidas, según registros de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, entidad creada tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el Estado colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.
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