El grupo pidió al mandatario y al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dejar sin efecto la medida adoptada el pasado 13 de octubre y prorrogada la víspera por otros 15 días.
Piñera justificó el estado de emergencia y el envío de más de dos mil militares a cuatro provincias de la Araucanía y el Biobío para –según dijo- enfrentar con mayor eficacia el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
Líderes indígenas y políticos de oposición rechazaron la decisión del gobernante de militarizar la llamada macrozona sur, donde el pueblo mapuche reclama la devolución de sus tierras ancestrales, y llamaron a las autoridades a separar las legítimas reivindicaciones de los pueblos originarios de las acciones de grupos criminales.
‘Claramente desde el gobierno del presidente Piñera no les interesa buscar una solución a las demandas de nuestro pueblo’, denunció la diputada mapuche Emilia Nuyado.
Afirmó la legisladora que el ejecutivo ni siquiera usó los recursos aprobados en el presupuesto para la compra de terrenos.
‘Aquí, mientras no se adopten cambios profundos, como la restitución de las tierras mapuche, es muy difícil que se llegue a la paz’, declaró Nuyado, y advirtió que la militarización de la Araucanía solo va a empeorar la situación en la región.
A juicio del exdirector de Seguridad Pública Eduardo Vergara la decisión del presidente de decretar el estado de excepción a pocos días para los comicios tiene un claro tinte electoral.
‘Piñera pasará a la historia por declararle la guerra al pueblo y militarizar el Wallmapu (territorio de los mapuche)’, dijo al diario digital El Mostrador el también director ejecutivo de la fundación Chile 21.
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