El convenio, definido como un tratado integracionista encaminado al establecimiento de una ruta de paz, reconoce mutuamente el límite en el Golfo de Fonseca y representa los veredictos de la Corte Internacional de Justicia en los años 1960, 1992 y 2007.
El documento garantiza, asimismo, los derechos soberanos de Tegucigalpa sobre esa porción compartida con Nicaragua y El Salvador y constituye, a juicio del primer mandatario Daniel Ortega, un paso trascendental e histórico y una exhortación para mantener la zona como un área de desarrollo sostenible y seguridad.
Según el presidente, la rúbrica bilateral simboliza unidad y el avance en los programas y proyectos impulsados en el Golfo; así como, representa el fortalecimiento de la corte ‘instrumento de las naciones para resolver conflictos’ y contribuir a la armonía regional.
Ortega aludió también a la postergación del pacto, cuyo antecedente es la adopción de un acuerdo tripartito enfocado al desarrollo del golfo y su transformación en un espacio de progreso económico y social, pues en esa apuesta por aunar voluntades ‘existieron dificultades con el gobierno de El Salvador’.
El texto señala, igualmente, que las partes aceptan y acatan la sentencia de La Haya de 2007 referida a los límites marítimos en el Caribe y concuerdan en el uso como punto final de la frontera terrestre la desembocadura del río Coco, coordenadas registradas en 2011 por comisiones técnicas.
La alianza, ratificada por los congresos de Honduras y Nicaragua, determina la revisión de los lindes cada 10 años en delegaciones mixtas; reconoce la presencia de los tres países en el Golfo de Fonseca, entrante protegido del Océano Pacífico, y decreta su delimitación desde el punto de Amapala a la punta de Cosigüina.
El presidente Juan Orlando Hernández afirmó que el sueño integracionista del militar y político Francisco Morazán está cada vez más cerca y el acuerdo ‘deja atrás un conflicto de muchos años y el comienzo de un camino de oportunidades para nuestros pueblos’.
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