Piñera está señalado de faltar al principio de probidad y comprometer gravemente el honor de la nación, luego de las revelaciones de los Papeles de Pandora sobre irregularidades en la transacción del proyecto minero Dominga en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.
Según la investigación, el mandatario y su familia hicieron la venta en 2010 por 152 millones de dólares pagados en tres cuotas, la última de las cuales estaba condicionada a que no se cumpliera el reclamo de defensores de la naturaleza de declarar la zona como de protección ambiental, una decisión que dependía del presidente.
Tras la comparecencia del abogado de Piñera, la comisión integrada por cinco legisladores (tres de la oposición y dos oficialistas) tendrá seis días para emitir una resolución que será sometida a votación en la Cámara de Diputados posiblemente el 8 de noviembre.
De ser aprobada en esa instancia, donde la oposición tiene mayoría holgada, Piñera podría ser suspendido del cargo antes de terminar su período en marzo de 2022.
En el Senado, en tanto, la situación es más complicada porque se necesitan 29 sufragios de 43 y la oposición sólo cuenta con 24.
Una encuesta de la firma Ipsos publicada la víspera reveló que 60 por ciento de los chilenos aprueba la acusación constitucional contra el presidente.
Asimismo, 63 por ciento de los entrevistados considera muy importante que el Congreso Nacional investigue su responsabilidad en posibles delitos de conflicto de intereses y evasión de impuestos.
‘Ya no hay tolerancia frente a la sospecha de falta de probidad en autoridades y menos en el caso del presidente’, declaró la directora de Estudios Públicos de Ipsos, Alejandra Ojeda.
El proceso de destitución se aplica a las autoridades señaladas de incurrir en alguna infracción que justifique su remoción o inhabilitación para el ejercicio del cargo o cualquier otra función pública.
Un intento anterior para destituir al mandatario por la violenta represión a las protestas de 2019 no prosperó en el Congreso.
Además del juicio político, Piñera está imputado por la Fiscalía por presuntos delitos tributarios, de cohecho y soborno en la negociación del proyecto Dominga, que prevé dos minas a cielo abierto de hierro y cobre y un puerto para la comercialización del mineral.
mem/car
