De acuerdo con un comunicado de prensa difundido este viernes, el órgano de 15 miembros adoptó por unanimidad esa resolución, luego de la petición al respecto hecha hace dos semanas por el Gobierno de Bogotá.
La misión se encarga de hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Hace un par de semanas, la canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, solicitó ante el Consejo que se ampliara el mandato de la misión de Naciones Unidas por un año más.
En su último informe sobre ese equipo, el secretario general de la ONU, António Guterres, señaló que en ese territorio latinoamericano se intensificaron las disputas entre grupos armados ilegales por el control territorial y las rutas estratégicas de tráfico ilícito, lo que agrava la violencia.
Por ello, pidió fortalecer la presencia de las instituciones del Estado en el país y en particular, en las zonas afectadas por largos años de enfrentamientos.
De acuerdo con el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, las comunidades afectadas por el conflicto, los excombatientes de las FARC-EP y los líderes sociales continúan soportando el peso de las acciones de los actores armados ilegales que se aprovechan de la escasa presencia del Estado, la pobreza y las economías ilícitas.
Hasta la fecha, dijo el pasado 14 de octubre en el Consejo de Seguridad, 296 hombres y mujeres que dejaron las armas de buena fe han perdido la vida, en su mayoría por acciones de actores armados ilegales y organizaciones criminales.
Por otra parte, los efectos de la pandemia de Covid-19 se dejan sentir en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 para poner fin al conflicto y construir una paz estable y duradera entre el gobierno de Colombia y la FARC-EP, indica la ONU.
De hecho, las medidas de bloqueo para frenar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 afectaron la capacidad de la misión de ONU en Colombia, en especial al monitorear la implementación de dos secciones específicas del acuerdo.
Una relacionada con la reintegración de los excombatientes, y la otra sobre las garantías de seguridad para estos sujetos, líderes sociales y comunidades.
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