El neurocirujano, acusado por organizaciones de derechos humanos de financiar a las bandas, aseguró que ‘no estamos en el negocio de dar dinero a las pandillas’, durante un discurso transmitido por la radio y la televisión nacional.
Henry se pronunció luego de varios días de mutismo, a pesar de la grave crisis con el combustible, cuya distribución está bloqueada por las bandas armadas. Incluso el líder de la federación G-9 y aliados presionó la renuncia del jefe de Gobierno para permitir el paso de los carburantes.
Otras figuras como el presidente del Senado, Joseph Lambert, también pidieron la dimisión del primer ministro, además de la ayuda foránea para combatir la inseguridad del país.
El jefe de Gobierno, por su parte, prometió una solución duradera a la escasez de carburantes que pone en aprietos el funcionamiento de los hospitales, compañías telefónicas, centros productores de oxígeno, potabilizadoras y otras compañías, mientras septuplica su precio en el mercado informal.
‘Se adoptarán muchas otras disposiciones para resolver definitivamente este problema. Permíteme ser un poco discreto en este punto. Los resultados los verán en los próximos días’, dijo sin ofrecer detalles de la estrategia a asumir.
También confirmó que actualmente los combustibles se encuentran disponibles en las terminales petroleras y se realizaron otros pedidos para atender las demandas que reconoce son altas.
Esta semana, la comitiva del ministro del Interior y Justicia, Litz Quitel, fue baleada mientras salía de la terminal Varreaux, como parte del corredor de seguridad implementado por el Gobierno para garantizar el suministro de combustible en los surtidores y otros lugares estratégicos.
Aunque algunos hospitales ya comenzaron a recibir combustible, aún las estaciones de gasolina en la capital continúan sin prestar servicios, y otras cerraron sus puertas de manera temporal.
La escasez de este rubro aumentó los precios de la canasta básica y la transportación pública, al tiempo que limita la generación doméstica de energía en un país donde poco más del 30 por ciento tiene acceso al servicio de electricidad nacional.
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