Durante su visita, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan anunció el cese de las investigaciones que llevaba a cabo desde 2004, tras valorar los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La JEP fue creada luego de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Ahora será el sistema de justicia local el que juzgue las consecuencias de una guerra de cinco décadas en la nación suramericana que dejó miles de muertos, desaparecidos, mutilados y desplazados.
De acuerdo con un comunicado de la JEP, esta decisión representa un sello de la más alta calidad, en derecho penal internacional, sobre los beneficios, las sanciones, los procedimientos, el esfuerzo y los resultados de la JEP, que solo tiene competencia por delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016.
«Es gracias a los avances innegables de la Jurisdicción y de otros organismos judiciales en la lucha contra la impunidad, que la Corte Penal Internacional alcanzó la tranquilidad y la confianza requeridas para tomar una determinación histórica como la que hoy anunció Khan», subrayó.
La CPI y el gobierno acordaron que Colombia debe garantizar la plena autonomía e integridad de la JEP y el organismo internacional seguir acompañando al sistema de justicia.
De otro lado, el fiscal aseguró que si alguna vez la CPI determina que los procesos son una farsa, una ficción para ocultar algo o hay impunidad deliberada, su oficina intervedrá y cumplirá con sus obligaciones.
Sin embargo, algunas figuras políticas y organizaciones consideran que la investigación debe seguir ante la cantidad de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra, aún por esclarecer.
La representante a la Cámara del Congreso (parlamento bicameral) por la coalición Decentes María José Pizarro señaló que es importante el respaldo de la CPI a la JEP por su trabajo serio y disciplinado.
Pero, dijo, resulta extraña y preocupante la postura de la CPI ante evidentes crímenes en Colombia durante los gobiernos de Álvaro Uribe e Iván Duque.
Asimismo, el Movimiento de Víctimas de los Crímenes de Estado calificó de «prematura, equivocada y contraproducente» la decisión porque no toma en cuenta los pocos mecanismos efectivos de reparación y nulas garantías de no repetición.
Luego de cinco años, el conflicto armado toma nuevas dimensiones en muchos de los territorios donde antes operaban las FARC-EP y ahora actúan grupos paramilitares, alertó.
oda/otf
