Debido a que tienen prohibido irse a la huelga, los miembros de la Policía recurren a argucias como que están enfermos para no presentarse en protesta por la falta de compromiso del gobierno de Pedro R. Pierluisi.
En ese sentido, los agentes demandan una ley que haga posible una jubilación digna y, además, contar con atención médica gratuita.
De una fuerza de poco más de 10 mil uniformados, el jefe del Negociado de la Policía, Antonio López, reconoció que cinco mil 19 miembros del cuerpo armado no asistieron a trabajar desde el viernes.
“Agentes adscritos a las unidades especializadas como Homicidios, Delitos Sexuales y Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), entre otros, han continuado atendiendo de manera ininterrumpida los diferentes incidentes a través de la isla”, aseveró López.
Ante la ausencia de policías estatales a sus posiciones, el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández, aseguró que fue un error no activar la Guardia Nacional para proteger las vidas y propiedades ciudadanas.
“A nadie le conviene que los cuarteles estén vacíos y haya incertidumbre en las comunidades este fin de semana (y) como en ocasiones anteriores, recayó en los municipios atender la crisis”, añadió Hernández, alcalde de Villalba (centro).
El líder de los ejecutivos municipales electos bajo la insignia del Partido Popular Democrático (PPD) opinó que el aviso de “brazos caídos” de los policías estatales generó una activa reacción de los municipios asociados.
Varios de los alcaldes vinculados a la boleta del PPD decretaron estado de emergencia en Ponce (sur), Quebradillas (norte), Isabela (norte) y Guánica (suroeste) para intentar contender la violencia criminal.
La situación de los policías es crítica, pues la Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas del gobierno se opone a que se les hagan concesiones laborales.
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