Su propuesta para un nuevo Chile fue elaborada en base a un proceso en el cual participaron 33 mil personas en todo el país.
“A diferencia de lo que han hecho otras candidaturas, nosotros decidimos abrirlo a la ciudadanía”, declaró Boric en la presentación.
Entre las tareas priorizadas está terminar con las Aseguradoras del Fondo de Pensiones (AFP) y construir un sistema público, sin fines de lucro, que garantice jubilaciones dignas para todos, tal y como reclamaron los manifestantes durante el estallido social de 2019.
También prevé impulsar un sistema universal de salud que no discrimine a las familias por sus ingresos y garantizar la educación gratuita para todos los ciudadanos.
“Este es un programa que se ha ido forjando en el seno del pueblo chileno, en las luchas sociales, en la construcción de una alternativa de una sociedad distinta, más justa, más equitativa y más solidaria”, dijo el aspirante presidencial por la coalición Apruebo Dignidad, que incluye al Frente Amplio y al Partido Comunista, entre otras organizaciones.
En materia tributaria su programa está dirigido a lograr una mayor contribución de quienes tienen más y combatir la evasión fiscal.
Según la encuesta de la firma Plaza Pública Cadem, publicada hoy, Boric marcha en segundo lugar en las intenciones de voto, después del aspirante de la extrema derecha, José Antonio Kast, en una lista de siete candidatos.
“Esta elección no está ganada, no está asegurado quienes van a estar en segunda vuelta. Acá el que se confía, el que peca de arrogancia, el que se cree que se las sabe todas va a perder”, dijo Boric.
Entre otras de sus propuestas figuran aumentar el salario mínimo, reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, recuperar 500 mil empleos femeninos y fortalecer el Ministerio de la Mujer.
Su programa también apunta a impulsar la descentralización del país, garantizar el derecho humano al agua, el cuidado del medioambiente y la búsqueda del diálogo con todos los pueblos originarios.
De llegar a la presidencia, el candidato de izquierda refundará la policía, conformará una comisión calificadora permanente de derechos humanos y avanzará hasta lograr una política migratoria segura, ordenada y regular.
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