La Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión de Derechos Humanos etíope analizaron presuntos abusos cometidos durante el conflicto armado en esa jurisdicción y, entre otras conclusiones, determinaron que el gobierno no ideó o autorizó genocidios.
Desde noviembre de 2020, cuando comenzó la guerra del ejército federal contra el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), medios locales e internacionales de prensa culparon de manera reiterada a las autoridades federales de perpetrar actos violentos y masacres.
Además, el informe aclara que no encontraron evidencias para atribuirle a la administración del primer ministro, Abiy Ahmed, decisiones o acciones orientas a impedir la asistencia humanitaria de organizaciones nacionales y foráneas a millones de residentes en el septentrional territorio.
Precisamente Ahmed reaccionó inmediatamente a la divulgación de los resultados y agradeció “los esfuerzos para realizar una investigación profesional y creíble en circunstancias muy difíciles”, aunque declaró tener “reservas serias con respecto a algunos aspectos”.
Las conclusiones establecen claramente que la afirmación de genocidio es falsa y carece por completo de base fáctica, dijo el Premio Nobel de la Paz (2019) por medio de un comunicado.
Agregó, asimismo, que “la acusación a menudo repetida de que el gobierno usó el hambre como ‘arma de guerra’ no tiene fundamento”.
Siempre hemos sabido que esas acusaciones eran falsas, pero nuestros enemigos trabajaron incansablemente para engañar a la comunidad internacional, comentó.
Lamentablemente, opinó, varios países basados en informes falsos sobre nuestra realidad adoptaron posiciones de política exterior que socavaron en gran medida las relaciones de larga data de Etiopía con ellos.
Esperamos que el informe haga que estas naciones reconsideren y revisen las políticas promulgadas, señaló.
Reconocemos y aceptamos el documento, que complementa nuestro esfuerzo para brindar reparación a las víctimas, garantizar la rendición de cuentas y tomar medidas preventivas, apuntó.
Para Abiy, la investigación “documenta el sufrimiento y el dolor desgarradores que los etíopes comunes han sufrido desde el inicio del conflicto”.
Los relatos de aquellos cuya dignidad y humanidad fueron violados son desgarradores, afirmó.
Etiopía, subrayó, continúa su trabajo para asegurar la prevalencia del estado de derecho, proteger los derechos humanos bajo principios democráticos y desarrollar políticas y reformas económicas con el objetivo de construir una nación estable, pacífica y próspera.
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