Por medio de un comunicado, manifestó “con profunda preocupación y repudio las acciones violentas que se vienen presentando en la zona rural del Distrito Especial de Buenaventura por parte de grupos armados ilegales que operan en la región”.
Añadió que esas bandas generan una profunda crisis humanitaria, al vulnerar los derechos humanos e infringir el Derecho Internacional Humanitario, mediante el asesinato, confinamiento, desplazamiento interno y al restringir el acceso de alimentos y medicinas.
Detalló que el crimen de Valenzuela Cuama «quien se destacó por impulsar actividades deportivas, culturales, de integración a la comunidad en ejercicio del gobierno propio como comunidad negra”, fue perpetrado el pasado 30 de octubre.
«Exigimos al Gobierno Nacional, a los organismos de protección de los derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Interior y la Dirección de Asuntos Étnicos, prestar atención a la crisis humanitaria que hoy viven los habitantes de las cuencas de los ríos de la zona rural de Buenaventura”, enfatizó.
Hizo un llamado a los actores armados, para que se respete el Derecho Internacional Humanitario, aplicando el principio de distinción y no involucrar a la población civil ni a las comunidades dentro de las acciones bélicas de control territorial en el marco del conflicto armado.
Recalcó que seguirá insistiendo en el cumplimiento del capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, y trabajando en el impulso de diálogos humanitarios que permitan frenar el sufrimiento de las comunidades, la protección de la vida y la garantía de sus derechos étnico-territoriales como pueblo negro.
msm/otf
