“Clara y contundente” fue la contesta de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, cuyo secretario ejecutivo, Gonzalo Quispe, fijó posición al asegurar que no permitirán “cualquier intento” de desestabilizar al Gobierno democráticamente electo y dañar el proceso de reactivación económica en marcha.
Cuestionó que sectores de la derecha intenten frenar los progresos económicos y atenten contra la estabilidad de las familias tras las consecuencias del golpe de Estado de 2019 y los efectos devastadores de la pandemia de la Covid-19.
El dirigente minero consideró que paralizar el país “es totalmente irresponsable”, por lo que condenó y repudió “esas actitudes” contrarias al desarrollo y crecimiento de la nación.
Para el lunes, empresarios privados, los partidos Comunidad Ciudadana y Creemos, dirigidos por Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, respectivamente, junto al Comité Nacional de Defensa de la Democracia, entre otros, promovieron un paro nacional.
La medida de fuerza con carácter indefinido a partir del 8 de noviembre busca que el Ejecutivo derogue la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, cuya aprobación definitiva fue pospuesta por el Gobierno para evitar confrontaciones entre los bolivianos.
El objetivo de la derecha con prolongar la convocatoria es buscar la renuncia del presidente Luis Arce, divulgó la Agencia Boliviana de Información.
También la Confederación de Transporte Libre aseguró que no acatarán “ningún paro” y trabajarán con total normalidad.
El ejecutivo de ese gremio William Condori subrayó que “no estamos de acuerdo, nosotros vamos a continuar sirviendo a la población”, y recordó las medidas de restricciones de horarios adoptadas por la golpista Jeanine Áñez el pasado año que afectaron al sector.
“Rechazamos rotundamente estas amenazas de querer paralizar nuevamente Bolivia”, enfatizó.
Por su parte, el representante de la Federación Médica Departamental de Tarija, Antonio Molina, informó que aprobaron dos resoluciones, una en rechazo de la medida, y la otra, instruyó a las asociaciones médicas de la localidad a laborar de manera normal.
En Oruro, el representante del Comité Cívico, Cecilio Pérez, consideró que el paro es político y apuntó que debe priorizarse la reactivación económica del departamento y del país.
Ayer representantes del gobierno del Movimiento Al Socialismo, la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad manifestaron en conferencia de prensa desde la Casa del Pueblo (sede del Ejecutivo) que no permitirán un nuevo golpe de Estado.
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