En un comunicado, Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas y querellante en la causa, se pronunció contra la autorización de la justicia de la localidad bonaerense de Dolores de permitir viajar a Macri, Silvia Majdalani y Gustavo Arribas, exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia.
Pueden salir del país para disfrutar de sus paseos y ostentación económica, con las serias dudas de que regresen para continuar a disposición de la justicia, expresa el texto.
Apelaremos la decisión, nos sentimos en la obligación de destacar que la presión política y mediática de estos poderosos ha doblegado una vez más a la justicia, lo cual repudiamos, subraya.
Más temprano el juez federal interino de Dolores, Martín Bava, hizo lugar al pedido de autorización formulado por la defensa de Macri, de que se le concediera el permiso para visitar Arabia Saudita entre el 15 y 25 de noviembre.
El magistrado pidió a la defensa del exmandatario presentar la documentación que acredite que Macri recibió efectivamente una invitación del Príncipe de ese país, así como las constancias que den cuenta de los vuelos y hoteles que utilizará.
La noticia se conoció luego que el miércoles, sin responder preguntas, el exgobernante presentara un escrito y pidiera ser sobreseído en la causa sobre presunto espionaje a los familiares de los 44 oficiales del ARA San Juan, desaparecido en 2017.
Precisamente, en las querellas los familiares pidieron prisión preventiva para el expresidente, ante el peligro para el proceso judicial de la autorización de viaje.
“Pide ir a Arabia Saudita, un país donde no hay tratados de extradición”, alertó Tagliapietra el pasado martes. De manera similar también se manifestó la otra abogada querellante, Valeria Carreras, al señalar que interpuso un pedido para que el juez aplique una sanción por temeridad al exgobernante.
Los casos por seguimientos cometidos desde los servicios de inteligencia bajo la administración de Macri abarcan a una gran cantidad de personalidades y salieron a la luz el pasado año a través de la actual interventora Cristina Caamaño, tras varios documentos encontrados dentro del organismo.
npg/may
