Afirmó que “los estándares internacionales le exigen a los Estados el compromiso público de no volver a reiterar ese tipo de violaciones gravísimas y como forma de reparación, generar las medidas que estén a su alcance para obtener la verdad de lo que sucedió en esos años” (1973-1985).
Pero según reconoció en declaraciones al Portal LaRed21, ese vínculo con las autoridades es complicado y muchas veces genera en resistencia.
Señaló que en Uruguay “todavía hablamos de las secuelas de ese pasado, tenemos una agenda muy amplia respecto a derechos humanos, que tiene que ver con situaciones concretas, puntuales, que todas las personas que vivimos aquí atravesamos todos los días”.
El catedrático de la Universidad de la República enfatizó en que no debe existir impunidad respecto al terrorismo de Estado cometido por la dictadura cívico-militar pasada y toda conducta relacionada debe someterse a investigación y a la justicia con las pruebas suficientes para establecer la sanción que corresponda.
Una iniciativa del senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini, plantea la sustitución de la cárcel por prisión domiciliara a reclusos con 65 años de edad, con lo que se busca beneficiar a exmilitares con graves violaciones cometidas.
Tal planteamiento recibió reacciones en contra del Frente Amplio, la central sindical Pit-Cnt, el colectivo Madres y Familiares de detenidos desaparecidos y la Asociación de expresos políticos Crysol. En cambio el presidente de la nación, Luis Lacalle Pou, recibió a un grupo de personas que reclaman el cuestionado beneficio para sentenciados por torturas, crímenes y violaciones sexuales, entre otros crímenes de lesa humanidad imprescriptibles durante los años de la represiva Operación Cóndor.
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