Así evidenció un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en el cual la entidad instó a los gobiernos nacionales a que proporcionen a los pequeños minusválidos igualdad de oportunidades.
Estos deben colaborar con las personas discapacitadas para eliminar las barreras físicas, de comunicación y de actitud que las mantienen al margen de la sociedad, exigió el documento.
Además, pidió garantizar la inscripción de los nacimientos, la inclusión de los servicios de salud, nutrición y agua, la educación equitativa, y el acceso a las tecnologías de asistencia.
La Unicef llamó a tener en cuenta toda la gama de discapacidades, así como las necesidades específicas de los niños y sus familias, a la hora de proporcionar servicios inclusivos y una educación equitativa de calidad.
Incluyó fomentar una atención receptiva y respetuosa, establecer políticas favorables a la familia, apoyar la salud mental y psicosocial, y promover la protección contra el abuso y la negligencia.
En el texto mostró datos comparables a nivel internacional de 42 países y analizó más de 60 temas del bienestar infantil, desde la nutrición y la salud hasta el acceso al agua y el saneamiento, la protección contra la violencia y la explotación, y la educación.
La información consolidada expuso que los riesgos y situaciones varían según el tipo de discapacidad, el lugar donde vive el niño y los servicios a los que puede acceder.
Otros informes relativos al asunto dan cuenta que en América Latina y el Caribe viven más de ocho millones de niños menores de 14 años con discapacidad, siete de cada 10 no asisten a la escuela y 50 mil están institucionalizados.
Desafortunadamente, en muchos países la respuesta a la situación de niños con discapacidad se limita principalmente al abandono, la negligencia o a su reclusión en instituciones, advirtió la Unicef.
Su inclusión no solo es un tema de derechos y justicia social, sino también una inversión esencial en el futuro de las sociedades, remarcó.
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