Ello ocurre después de semanas de maniobras legales por parte del presidente del consorcio privatizador canadiense-norteamericano para no dar la información requerida por la Cámara como parte de una investigación acerca del control de la transmisión y distribución de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
LUMA Energy asumió esa tarea el 1 de junio pasado y su desempeño en estos cinco meses ha estado matizado de controversias, incluso por los constantes cortes de electricidad que han causado miles de dólares en pérdidas a la ciudadanía por el daño a electrodomésticos.
Stensby, que cuenta con el respaldo explícito del gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, se niega a revelar al presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, Luis Raúl Torres, una serie de documentos, incluido el personal del que dispone y los salarios.
Como parte del proceso de privatización de la AEE, impulsada por el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) en contubernio con el ala neoliberal del Partido Popular Democrático (PPD), LUMA Energy entró al escenario sin aportar un solo centavo, ya que se nutre de los fondos que recibe el ente estatal.
El dinero para la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico proviene de la estadounidense Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA), por lo que se necesita la permanencia de la AEE, ya que no puede entregarse a una compañía privada, como lo es LUMA Energy.
Se prevé que durante la vigencia el contrato inicial por 15 años permita a la empresa norteamericana recibir 18 mil millones de dólares destinados a la reconstrucción del sistema eléctrico puertorriqueño, afectado por los años y el huracán María en septiembre de 2017.
En horas de la tarde de este miércoles se celebró una audiencia de urgencia con el juez superior Anthony Cuevas Ramos, quien ordenara el arresto de Stensby después de darle varias extensiones para presentar los documentos requeridos, entre estos la nómina ejecutiva.
Según denuncia de la Unión de Empleados de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), LUMA Energy cuenta con una veintena de vicepresidentes cuyos salarios particulares superan los 500 mil dólares anuales.
El presidente de la Utier, Ángel Figueroa, también ha sostenido que varios parientes de funcionarios de la administración de Pierluisi han entrado a trabajar a la privatizadora, incluidos al menos tres de la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales.
La funcionaria, a la vez, está designada por Pierluisi para dar atención a los asuntos relacionados con LUMA Energy, en un obvio conflicto.
El juez Cuevas Ramos dejó en suspenso hasta el próximo lunes la orden de arresto de Stensby, mientras los abogados de las partes revisan el material entregado en el transcurso de este día.
Diversos analistas consideran que este escenario es perjudicial para la privatizadora, que ha sumado un rechazo generalizado del pueblo, debido a los constantes y prolongados apagones.
jha/nrm
