“Estamos en un momento de cierre del conflicto y de esperanza para los bolivianos”, aseguró Lima en entrevista con Bolivia TV.
El Gobierno comunicó a mediados de octubre la retirada de la Asamblea Legislativa Plurinacional el Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas para “no dar lugar a confrontaciones entre bolivianos y, menos, a desestabilización», según comunicó oportunamente la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
Sin embargo, movimientos gremiales, transportistas, cooperativistas y «cívicos» llamaron a un paro que busca derogar la Ley 1386, de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, que está vigente y es considerada por esos sectores como la norma madre del proyecto anulado.
Diversos sectores gremiales, incluso de la oposición, desaprobaron la medida de fuerza por considerarla ilícita y con propósitos políticos, por tratarse de un subterfugio de la derecha para evitar sean llevados a la justicia los autores intelectuales y materiales del golpe de Estado de 2019.
El pasado sábado el presidente Luis Arce anunció la abrogación de la ley, lo cual fue confirmado este domingo por el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, quien convocó a una sesión legislativa que se realizará hoy para tratar el tema.
Lima comentó que a pesar de la decisión de abrogar la legislación directivos del opositor Comité Pro Santa Cruz mantienen el paro por tiempo indefinido iniciado el 8 de noviembre, que afecta a la economía y muestra su propósito de desestabilizar el país.
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