Con esta perspectiva se inició una semana de intensificada campaña por su revocación en venidero referendo y del lado oficialista por mantener intacta su cuestionada legislación.
Pereira desmintió en ese contrapunto que “decir que, si se deroga la LUC, las adopciones de menores van a durar más tiempo que lo que duraban”, cuando se trata de un asunto fuera de los 135 artículos.
También refutó a dirigentes de los partidos de la coalición de derecha gobernante, al “decir que miles de personas serán liberadas, cuando miles de abogados penalistas dicen que esto es faltar a la verdad”.
Añadió que “cuando decimos que desapareció el Consejo de Educación Inicial y Primaria, lejos de ser una mentira ha sido una afrenta a la historia de la educación pública uruguaya, un consejo que tenía 100 años de historia”.
El exdirigente sindical cuestionó asimismo la participación directa en la campaña del presidente de todos los uruguayos, Luis Lacalle Pou y la utilización de recursos del Estado para invitar a los comunicadores a un taller en defensa de la LUC.
Por su parte, el senador frenteamplista Alejandro Sánchez señaló críticamente en redes sociales que se pondrá “toda la infraestructura de la Torre Ejecutiva al servicio de la campaña”.
Su compañero de bancada, Mario Bergara, lo describió de insólito y demasiado obvio, mientras la diputada Lucía Etcheverry lo consideró posiblemente legal, pero una inmoralidad ante un referendo inminente y “ podrían haberlo hecho hace un año si era por su alegada complejidad» técnica”.
Entretanto, la Corte Electoral llegó el fin de semana al conteo de 560 mil 500 firmas válidas de un total de 627 mil 208 requeridas, el 25 por ciento del padrón de votantes para habilitar la consulta popular.
Hasta la fecha solo fue rechazado el 7,83 por ciento de las 797 mil 261 adhesiones entregadas en julio al término de una sorprendente recolección en medio de la pandemia de Covid-19.
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