Los indocumentados calculados en cerca de cuatro mil están acampados a lo largo de la frontera en condiciones climáticas muy adversas, denunció días atrás el gobierno de Minsk.
De su lado la Unión Europea acusa a Belarús de promover el flujo migratorio como represalia a las sanciones aprobadas desde Bruselas contra el gobierno de Alexánder Lukashenko tras su reelección en 2020.
Con un discurso duro contra la inmigración, el gobierno polaco decretó días atrás el estado de emergencia en la frontera, desplegó miles de soldados en la zona y anunció la construcción de un muro entre ambos países.
De su lado el portavoz Piotr Muller afirmó que su nación valora suspender por completo el movimiento a través del paso fronterizo con Belarús.
Esos hechos centran la atención informativa en Europa y constituyen una crisis migratoria que amenaza la estabilidad regional mientras occidente arremete contra Minsk.
Lukashenko afirmó en reiteradas ocasiones que su nación no tiene «ni dinero ni fuerza» para detener el éxodo de indocumentados y estimó que Varsovia busca pretextos para emplazar a sus efectivos más cerca de la frontera.
Datos aportados por esa Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), ubican en 30 mil las personas que intentaron cruzar por allí en este año; en ese escenario el ministerio belarruso de Defensa propuso al estado vecino abordar en una reunión bilateral las preocupaciones de ambas partes.
Antes el jefe de la cartera del Interior, Iván Kubrakov, afirmó que los migrantes no violaron la legislación nacional y su presencia en territorio bielorruso es legal.
La situación se agrava con la llegada del invierno, mientras Lukashenko alertó a la UE por lo que calificó de «catástrofe humanitaria» debido a la concentración de indocumentados en la zona limítrofe.
mem/ehl
