De acuerdo con la publicación The Hill, se trata de la primera venta de arrendamientos desde que el líder demócrata asumió el cargo.
En un principio, la administración quería establecer una pausa temporal en la venta de arrendamientos, pero un tribunal detuvo su moratoria, obligándola a empezar a subastar zonas.
La venta desató críticas entre defensores del medio ambiente y algunos demócratas, quienes consideraron que el departamento debería haberla modificado o haber esperado a los resultados de una apelación.
Activistas y progresistas calificaron la subasta como incompatible con la agenda climática declarada por el gobierno federal.
Esto ocurrió una semana después de que el presidente alardeara sobre el retorno del liderazgo estadounidense en materia medioambiental durante la cumbre internacional del clima COP26, de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el demócrata Raúl Grijalva, argumentó que el Departamento del Interior (DOI) debería aplicar las esperadas reformas que ha prometido en materia medioambiental.
La portavoz de Interior, Melissa Schwartz, declinó abordar las críticas, pero señaló que el gobierno apelará la decisión judicial y destacó otros esfuerzos que el departamento tomará para limitar las emisiones relacionadas con las futuras ventas de arrendamientos.
Treinta y tres empresas participaron en la subasta, que puso a disposición de los interesados unos 32 millones de hectáreas.
Los participantes pagaron un total de casi 192 millones de dólares por perforar en el agua, además de los cánones por lo que extraigan.
Muchos de los arrendamientos fueron a parar a las principales empresas del sector: ExxonMobil, Chevron y BP.
No está claro qué cambios, si es que hay alguno, se aplicarán como resultado de la revisión del programa federal de arrendamiento de petróleo y gas por parte de la administración Biden, alertó The Hill.
El esfuerzo por frenar la venta de nuevos arrendamientos se topó con la reacción de los congresistas republicanos, y más de una docena de estados liderados por el partido que se identifica con el color rojo.
Esto condujo a una orden judicial preliminar que determinó la «probabilidad sustancial» de que el poder ejecutivo carezca de autoridad para detener el arrendamiento de petróleo y gas en alta mar.
El juez Terry Doughty del Distrito Occidental de Luisiana, nombrado por el expresidente Donald Trump, argumentó al conceder su orden judicial que los estados probablemente sufrirían pérdidas como resultado de la pausa en el arrendamiento.
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