El total de pérdidas a nivel nacional se cuantifica en 14 millones 411 mil 380 bolivianos (más de dos millones de dólares), solamente en las instituciones que integran dicha cartera, detalló el titular, citado por Bolivia TV.
Entre las entidades perjudicadas mencionó Vías Bolivia, Boliviana de Aviación, la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea, Servicios de Aeropuertos Bolivianos y la Terminal Bimodal de Santa Cruz.
Específicamente en Santa Cruz —cuyo gobernador, Luis Fernando Camacho, es promotor del paro junto al Comité Cívico— los perjuicios ascienden a seis millones 997 mil 500 bolivianos (cerca de un millón de dólares).
Montaño señaló que la pérdida de esos recursos económicos incide en los bonos sociales como Juancito Pinto, Juana Azurduy y renta Dignidad, destinados a los estudiantes, las madres gestantes y personas de la tercera edad, respectivamente.
Destacó que la exigencia de los opositores de abrogar la Ley 1386 era solo un pretexto para desestabilizar este país, pues ahora cambiaron las peticiones por la liberación de presos políticos, entre ellos la exgobernante de facto Jeanine Áñez, quien deberá responder por hechos como las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas en 2019.
El presidente boliviano, Luis Arce, informó que en la reunión del Gabinete Ministerial, la cual tiene lugar esta jornada, las autoridades evalúan los daños causados por el paro en algunas ciudades de esta nación y analizan medidas para revertirlos.
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