Estamos muy satisfechos con este paso, que no es más que dar continuidad a las más legítimas reivindicaciones que necesitamos las mujeres y también para eliminar la violencia de género, dijo a la prensa la ministra de Igualdad, Irene Montero.
En ocasión del Día Internacional contra la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, el Congreso y el Senado aprobaron la actualización del Pacto que fue adoptado en 2017 y vencía en septiembre de 2022.
«Tenemos que ser capaces de seguir evaluando: a eso nos comprometemos, a que las comisiones de evaluación y seguimiento del pacto de Estado en el Congreso y el Senado trabajemos durante este año. El próximo horizonte es el 25 noviembre, para seguir afinando las medidas y ser más eficaces», puntualizó Montero.
La joven titular, que fue entrevistada varias veces en la fecha, subrayó que los avances experimentados no dan lugar a la tranquilidad ciudadana, porque la violencia machista todavía cobra vidas en España.
En ese sentido defendió que el arreglo no expire y cuente con una financiación pública «estable, suficiente, adecuada y con independencia del ciclo económico».
Durante un acto en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados, con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, felicitó a los portavoces parlamentarios y al Ejecutivo por alcanzar el consenso sobre este acuerdo.
Debe fortalecerse, porque vertebra la sociedad ante una de sus mayores lacras, como es la violencia machista, enfatizó Batet.
Recaba financiación, sin fijar cifras, para sostener las actuaciones dirigidas a prevenir la violencia contra las mujeres, mejorar su detección y asegurar una respuesta integral y especializada a las víctimas.
Subraya en esa línea que la financiación pública debe tener la flexibilidad y la capacidad de ser ejecutada de forma plurianual para poder llevar a cabo la continuidad de los proyectos y asegurar que las actuaciones tengan un mayor impacto.
A tenor del Convenio de Estambul, el texto pude cerciorarse de una respuesta integral a todas las formas de violencia contra las mujeres incluidas en ese tratado, que incluye la económica, vicaria y en el ámbito digital.
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