A finales de año el movimiento comercial continúa su despegue y las quejas de ese sector dejaron atrás los reclamos por la eliminación de las cuarentenas o toques de queda obligatorios, para lamentar ahora que la afluencia de clientes no alcanza los niveles previos a la crisis sanitaria debido a los bajos ingresos de los ciudadanos.
Vallas vacías de anuncios comerciales, negocios privados clausurados, carteles de “SE VENDE” o “SE ALQUILA”, la depresión del mercado inmobiliario y el turismo interno que no despega, son síntomas de que los efectos de la pandemia dejaron secuelas en los bolsillos.
Las cifras macroeconómicas al cierre de 2021 anunciaron que el camino del crecimiento comenzó, aunque el optimismo de algunos funcionarios estatales, economistas y hasta del presidente Laurentino Cortizo se basan más en pronósticos de reputadas instituciones internacionales, que en las aún débiles señales de recuperación.
En tal sentido, sobresalen los reportes del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la revista The Economist y la Comisión Económica para América Latina (Cepal), que coinciden en vaticinar para la nación istmeña uno de los más altos niveles de crecimiento económico en la región.
El constante tránsito de buques por el Canal de Panamá y la exportación de concentrado de cobre desde la gigantesca mina de Donoso, en la caribeña provincia de Colón, son los signos más palpables hasta el momento de que el país inició la remontada tras caer el Producto Interno Bruto (PIB) en 17,9 por ciento.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, cifró sus esperanzas en el repunte de la construcción al ejecutarse proyectos de inversión pública y privada, además de predecir un crecimiento del 12 por ciento al cierre del año de continuar la tendencia alcista reportada en el primer semestre de 2021.
En una mirada amplia a la sociedad, la realidad se torna menos optimista y la recuperación parece perderse en la oscuridad de un túnel sin salida, pues la tasa de desempleo aumentó hasta el 20 por ciento, aunque después bajó a 14 por ciento, mientras decenas de pequeñas empresas cerraron definitivamente.
La desaparición de empleos formales equivale a un retroceso de una década de creación de puestos de trabajo y los lanzados a la informalidad sumaron un millón, según cálculos oficiales, por lo que el escenario de la reanimación resulta una posibilidad para unos, pero ficción para otros.
RECLAMOS GREMIALES Y SOCIALES
Las recientes protestas de los transportistas y habitantes de Colón evidenciaron los nubarrones que aún penden sobre los más afectados por el aumento del precio de los combustibles, falta de oportunidades laborales e inversiones sociales.
Aunque las cifras macroeconómicas mostraron a un país saludable en 2019, la desaceleración dejó hasta entonces huellas sobre el empleo y los ingresos familiares, que la desigualdad hace más visible en el segmento poblacional donde predomina la pobreza.
“Durante la pandemia los trabajadores quedaron desprotegidos, ya que hemos pagado y cargado con la crisis económica. Mientras que al sector empresarial le han garantizado toda una serie de medidas, cuando nunca dejaron de ganar”, criticó Nelva Reyes, secretaria general de la Central General Autónoma de Trabajadores.
Otro asunto en litigio en 2021 fue el déficit de la Caja del Seguro Social para enfrentar en el futuro mediato las prestaciones por jubilación, enfermedad y muerte, para cuya solución el Gobierno convocó una mesa de diálogo, que la mayoría de los sindicatos describieron como un espacio “diseñado para beneficiar a los grandes empresários”.
La modificación temporal del Código de Trabajo fue otro punto de tensión generado por la pandemia, pues en opinión de Javier Stanziola, del Centro de Investigaciones de Estudios Políticos, “las reformas han apoyado la seguridad jurídica de las empresas, pero no se pensó lo suficiente para los trabajadores”.
Y si de afectaciones a la clase obrera se trata, destaca el alto costo de la canasta básica y de otros productos arreciado por el llamado “Armagedón de los contenedores”, un dilema sin precedentes en el transporte marítimo mundial que rompió el sincronismo del flujo materias primas-producción.
IMPACTO DE LA CRISIS DE LOS CONTENEDORES
Los efectos de la desconcertante situación, Prensa Latina los constató en la caribeña Zona Libre de Colón (Zolicol), la segunda mayor del mundo, donde el desabastecimiento de almacenes y las pobres esperanzas de solución son la comidilla de empresarios y empleados.
El incremento desmesurado de los fletes, principalmente desde China, el primer proveedor de la Zolicol, y demoras en la llegada de los pedidos a fábricas asiáticas parecieran las únicas razones para que las cotizaciones al por mayor y al detalle sufrieran incrementos sustanciales en las últimos meses del año.
También subieron como consecuencia de la intención de los empresarios de resarcir las pérdidas económicas que les dejó la parálisis de las operaciones de ventas, ocasionada por la etapa más cruenta de la Covid-19, la cual provoco el cierre de varias entidades, según conversaciones privadas de Prensa Latina con algunos dueños de compañías.
El efecto dominó de la crisis de los contenedores termina en el consumidor, la disminuida oferta y el atasco de la cadena mundial de comercio, interrumpida también cuando el planeta se paralizó con el aislamiento de países enteros.
Los fletes se quintuplicaron en algunos casos por el efecto oferta-demanda, lo que perjudicó al movimiento de artículos de precios bajos porque casi igualaron su valor, lo cual impide a los comerciantes colocarlos en el mercado, señalaron fuentes especializadas.
Las perspectivas de que la normalidad retorne a la industria marítima algunos expertos la ubican para mediados de 2022, mientras los más pesimistas aseguran que en materia de tarifas no volverá a los niveles pre-pandemia, por lo que el mundo parece abocado a un dilema sin retroceso.
Por otra parte, la situación del país frente al sistema financiero planetario choca contra la incómoda posición de cierta desconfianza de los bancos por la inclusión de Panamá en las listas grises del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y la Unión Europea (UE) con perjuicio al comercio, las inversiones y las finanzas externas.
PANAMÁ EN LISTAS GRISES
A pesar de los esfuerzos del Gobierno por cumplir con todos los mandatos y recomendaciones de los organismos internacionales, el espectro del escándalo de los Panama Papers (Papeles de Panamá) persigue a esta nación desde 2016, opinaron analistas.
Entre los señalamientos del Gafi están la necesidad de continuar la identificación de los remitentes de dinero sin licencia y aplicar un enfoque basado en el riesgo para la supervisión del sector de Agentes Públicos no Financieros.
También quieren asegurarse de que Panamá proporcione a tiempo la información actualizada del beneficiario final y demuestre su capacidad de investigar y enjuiciar a quien evada la ley, especialmente en delitos tributarios, y a la vez bloquear a evasores fiscales extranjeros.
El efecto cascada provocó que, basado en la decisión del Gafi, la UE mantuviera también a este país en su relación de jurisdicciones no colaboradoras en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La queja de estos organismos se resume en que, a pesar de que se cambió su legislación en estos temas, hay muy pocos resultados en la aplicación de la ley, dijo el experto local Dani Kuzniecky, quien reclamó condenas ejemplares porque ”solo Panamá saca a Panamá de las listas grises”.
La brusca caída de la economía panameña en 17,9 por ciento del PIB el pasado año por la crisis sanitaria mundial y su enorme endeudamiento requiere buscar una rápida recuperación en 2022, para lo cual las listas grises serán uno de los obstáculos más fuertes, porque resta confianza a la inversión en el país.
(*) Corresponsal jefa de Prensa Latina en Panamá
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