La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), Jennie Dador, y la directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, presentaron sus imputaciones ante la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía de Crimen Organizado.
Señalaron en las demandas a los grupos “La Resistencia”, “Los Patriotas”, “Los combatientes” y “La Insurgencia”. Los dos últimos, según versiones periodísticas, serían variantes del primero.
La denuncia señala que se trata de “una organización criminal que planifica y coordina actuaciones con utilización de violencia” y señala como dirigentes e integrantes de la misma a Juan Muñico, Flor Contreras, Jaime Roselló, Roger Ayachi y otros que resulten responsables.
Añade que los elementos violentos están organizados para dañar, lesionar y obstaculizar la libertad de acción de algunas autoridades, personas o colectivos civiles; alterar el orden público, lesionar a sus víctimas y causar daños a la propiedad; para ello, se ha coordinado y preparado cada una de sus acciones.
Una de sus últimas víctimas, el excandidato presidencial del partido Acción Popular, Yonhy Lescano, anunció que pedirá al Ministerio Público que levante el secreto de las telecomunicaciones de los integrantes de “La resistencia”.
De esa manera se podrá saber con quiénes tienen contactos y quién los dirige, indicó Lescano, que esta semana fue objeto del asedio a su casa por el grupo neofascista, como represalia porque visitó al presidente Pedro Castillo, y fue además agredido.
Afirmó que el apoyo de “La resistencia” al titular del partido Renovación Popular, el millonario empresario Rafael López, y a Fuerza Popular, grupo de la dirigente neoliberal Keiko Fujimori, evidencia vínculos con ambas organizaciones.
Lescano criticó también el tibio rechazo de la presidenta del Congreso de la República, Maricarmen Alva, a la agresión sufrida por el excandidato, pese a que ambos pertenecen a Acción Popular y dijo que parece tener afinidades con la extrema derecha.
Por otra parte, el ministro del Interior, Avelino Guillén, advirtió que las acciones de los grupos violentos buscan desestabilizar el país a fin de crear condiciones para la destitución de Castillo.
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