La reunión parlamentaria estaba prevista inicialmente para el viernes pasado, pero a última hora de la noche del jueves, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, comunicó su decisión de trasladar la cita para este lunes.
Presentado por las mesas del Senado y de la Cámara de Diputados, el proyecto limita el valor de las enmiendas de ponencia general, que se dirigirían únicamente a las políticas públicas previstas en el dictamen preliminar.
La intención es que los miembros del Congreso Nacional y la sociedad tengan un conocimiento previo antes de la presentación del informe general.
El proyecto de ley también establece normas para la publicación de las indicaciones realizadas por el ponente general, así como las solicitudes de recurso basado en ellas.
Según la Agencia del Senado, las nuevas normas establecidas en la propuesta, si se aprueban, deberán aplicarse a la ley de presupuestos de 2022 y normalizarán las modificaciones de 2021 que se previeron.
El 9 de noviembre, seis de los 10 ministros del Supremo Tribunal Federal votaron a favor del mantenimiento de la medida cautelar de la jueza Rosa Weber para suspender los llamados presupuestos secretos del Congreso.
Aprobado a mediados de 2020, con tal recurso un parlamentario ejerce cada año como ponente en las entregas presupuestarias para recomendar a los ministerios federales dónde y cómo destinarlas.
Los ministros también votaron a favor de la adopción de medidas de transparencia en relación con la ejecución de estos caudales.
Weber señaló en su voto que, «mientras que la aplicación de las enmiendas individuales y de bancada permite verificar la autoría del gasto y la equidad en la distribución de los recursos, el reglamento correspondiente a las enmiendas de la ponente (RP-9) se aleja de estos ideales republicanos».
Por tal motivo, precisó, imposibilita «la identificación de los parlamentarios solicitantes y de los destinatarios finales de los gastos previstos en el mismo».
Desde su aprobación, el mecanismo valió al presidente Jair Bolsonaro para conservar la gobernabilidad dentro del Congreso.
Al seguir el voto de Weber, la magistrada Carmen Lúcia Antunes afirmó que los valores se utilizan para las negociaciones entre el Gobierno y los congresistas.
«La utilización de las enmiendas presupuestarias como forma de cooptación del apoyo político por parte del Poder Ejecutivo, además de violar el principio de igualdad, en la medida en que privilegia a ciertos miembros del Congreso en detrimento de otros, pone en riesgo el propio sistema democrático», subrayó.
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