De esta forma podrá la justicia transicional nacida del Acuerdo de Paz, llamar conjuntamente a 36 comparecientes indígenas quienes deberán rendir versión sobre hechos ocasionados por grupos armados y de los cuales fueron víctimas.
Entre esos actos sobresalen el desplazamiento forzado, conductas en contra de la libertad, violencia sexual, muertes producto del conflicto armado, confinamiento y siembra de minas antipersonales, reclutamiento, desaparición forzada de personas, ataques a la población civil y amenazas.
«En el marco del caso 05, han sido acreditadas como víctimas colectivas la totalidad de organizaciones y pueblos indígenas que hacen presencia en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca», señaló la JEP en un comunicado.
Las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas de estos territorios podrán participar en todas las diligencias de versión voluntaria.
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016. La existencia de la JEP no podrá ser superior a 20 años.
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