«Queremos un Gobierno que se la juegue toda por la paz completa, que retome las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que abra un capítulo de diálogos con todas las insurgencias y que hable también con las organizaciones sucesoras del paramilitarismo», dijo Márquez en una entrevista con el NotiCentro 1 CM& publicada hoy en su web.
Márquez, quien fue uno de los principales dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), y retomó las armas en agosto de 2019 , dijo a CM& que espera que el próximo ejecutivo active un plan de choque social contra la pobreza, que abarque medidas para superar la desnutrición infantil, el analfabetismo, el desempleo y devuelva al pueblo el derecho a la salud.
El exlíder y uno de los negociadores de paz de la otrora FARC-EP, señaló que el nuevo Gobierno que resulte de las elecciones de 2022 «debe pensar en una renta básica para compensar el trabajo no remunerado del hogar, para ayudar a las personas desamparadas de la tercera edad, a discapacitados y desempleados, cumpla los compromisos con el movimiento social, con los estudiantes que piden en las calles educación gratuita y de calidad.
Enfatizó que le gustaría ver ejecutivo garante de la independencia de los Poderes Públicos y que «no controle como un pulpo, como ocurre ahora, órganos como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional».
«El acuerdo de La Habana fue parte del más hermoso sueño de paz que pudimos ofrecerle a Colombia hace 5 años, nada más elevado, más justo que ponerle fin a una guerra para devolverle al pueblo el sagrado derecho a la paz que supone el derecho a la vida como condición indispensable para el disfrute de los demás derechos», expresó.
Subrayó que si se consulta la letra del acuerdo de paz podrá establecerse con nitidez que fue construido, fundamentalmente, no para resolverle los problemas a los guerrilleros, sino para restituirle al pueblo su dignidad humana.
Destacó que el Acuerdo de 2016 creó la Jurisdicción Especial para la Paz, que permitió suprimir el derecho penal del enemigo, que obstruía el entendimiento entre las partes, «jurisdicción que tanto odian los enemigos de la concordia como el presidente actual».
Advirtió que se firmó la paz, pero el Estado sigue matando, las masacres no cesan, y el presidente pretende suavizarlas con eufemismos que enajenan, como ese de rebautizarlas como «asesinatos colectivos».
«Por supuesto la traición es del Estado, ¿De quién más va a ser?» dijo al tiempo que acusó al mandatario Iván Duque de no solo incumplirlos, sino de creerse investido de potestades para modificar el texto firmado por los plenipotenciarios de las partes.
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