En un comunicado a propósito del VII encuentro de esa organización en esta capital, los miembros de Clajud recordaron que en varios países del continente es común esta práctica con fines políticos, censurable de acuerdo a los estándares democráticos y jurídicos actuales.
Se mantiene el modelo de judicialización de la política con la parcialidad del sistema de justicia, la persecución de líderes políticos progresistas, la ofensiva de poderes fácticos en contra movimientos sociales y la ruptura de las reglas básicas de la democracia representativa”, señala el texto.
Clajud insiste en que la administración de la justicia como arma de guerra política en América Latina demuestra la inestabilidad institucional y la fragilidad de los sistemas democráticos.
El consejo de juristas adscrito al Grupo de Puebla alertó en consecuencia sobre el debilitamiento del Estado de Derecho en el continente, cuánto ha contribuido a esa situación la injerencia de poderes extranjeros.
Los expertos censuraron esas intromisiones que arremeten contra la institucionalidad democrática de las naciones del área “descalificando los derechos de los pueblos para mantener sus propias formas de gobierno y construir su camino en vías a la mejora de la vida de su población”.
Instamos, concluye el comunicado, al respeto de la democracia y la separación de poderes y reafirmamos nuestro apoyo al nuevo modelo progresista de desarrollo propuesto por el Grupo de Puebla, para que superemos los desafíos comunes y juntos podamos construir respuestas para revertir el lawfare sin renunciar a nuestra condición de demócratas.
La víspera, el expresidente de Ecuador Rafael Correa, repasó los estragos que la persecución política disfrazada de procesos judiciales hizo a gobiernos progresistas latinoamericanos en los últimos años.
Durante su intervención en la jornada inaugural del VII Encuentro del grupo de Puebla, recordó los casos de Fernando Lugo en Paraguay, y Dilma Rousseff y Lula Da Silva en Brasil, y señaló que a este último le fueron impuestos procesos judiciales bajo falsas acusaciones para impedir su participación en las elecciones de 2018.
“El lawfare es brutal, no podemos soslayar su importancia porque es la estrategia que usa la derecha para lograr por medio de la politización de la justicia o la judicialización de la política lo que no logra en las urnas”, enfatizó el también economista y profesor universitario.
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