En el gigante suramericano tal regla se denomina precatório y resulta un documento que indica la cantidad de capital que el Tesoro Nacional debe a una determinada persona o empresa.
Cuando se emite un precatório, el valor de la deuda debe entrar en el presupuesto del gobierno, para ser pagado en una fecha futura. No costear los apuros ratificados por la Justicia viola la Constitución, por eso la necesidad de alterar cinco artículos de la ley fundamental de 1988.
La votación de la iniciativa fue aplazada la víspera poco después que los senadores aprobaran la nominación del pastor evangélico André Mendonça para un puesto en el Supremo Tribunal Federal.
A sugerencia del líder del Gobierno y ponente del PEC de precatórios, Fernando Bezerra, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, valoró que la asamblea analice la medida a lo largo de este jueves y la vote, incluso mediante sufragio virtual.
Según Bezerra, se está cerca de un acuerdo sobre la propuesta y comunicó que discute la profundización de cuatro puntos de su dictamen con otros senadores y el equipo económico del Ejecutivo.
Para el relator, uno de estos acápites se refiere al límite máximo relacionado con la precariedad del Fondo para el Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y la Valorización de la Enseñanza.
Aprobado el martes por la Comisión de Constitución y Justicia, el PEC de precatórios necesita al menos 49 votos a favor en dos rondas de votación en el pleno para ser aprobado.
El PEC modifica las reglas de liquidación de estas deudas del Gobierno, cuyo pago fue determinado por la Justicia, y cambia el plazo de corrección del techo de gasto por el Índice de Precios al Consumo Ampliado.
La proposición pretende dar a la administración de Jair Bolsonaro el margen para poner en práctica el programa Auxilio Brasil en sustitución de Bolsa Familia, y la intención del Gobierno es que su aprobación ocurra a tiempo para permitir el pago de las ayudas antes de Navidad.
De aprobarse el PEC, se exonera al Ejecutivo de pagar la mitad de los precatórios que vencen el próximo año. Esa parte se sufragaría en cuotas durante los venideros 10 calendarios.
Se pretende postergar el desembolso de unos ocho mil 200 millones de dólares, aunque se incumplan laudos judiciales.
El Gobierno desea usar ese ahorro en garantizar los fondos para Auxilio Brasil, esquema de transferencia de renta para 17 millones de familias pobres en 2022.
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