La administración del actual mandatario aprobó días atrás la Medida Provisional 1075 que amplía el acceso al referido programa (Prouni, por sus siglas en portugués) a jóvenes de familias solventes económicamente.
“Hoy, por MP, Bolsonaro comienza a destruir el Prouni. Uno de los programas que más me enorgullece haber concebido (…). Casi tres millones de jóvenes, pobres, negros y periféricos beneficiados. La Cámara debe devolver esta basura a Planalto. ¡¡¡Disgustado!!!”, escribió Haddad en Twitter.
La inciativa fue publicada hoy en el Diario oficial de la Unión (publicación oficial del gobierno federal de Brasil) que dado su carácter provisional tienen una vigencia de 60 días, prorrogables por otros 60, tiempo necesario para ser convertida en Ley si es aprobada por ambas cámaras del Congreso Nacional (parlamento).
Haddad, exministro de Educación de 2005 a 2012, durante las presidencias de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, señaló que ese paso de la administración Bolsonaro está dirigido a aumentar su menguado apoyo de acara a las elecciones generales previstas para 2022.
“Bolsonaro sabe que va a perder y quiere destrozar el país antes de salir de Planalto (sede del ejecutivo). ¡Típico del fascismo!”, afirmó en la red social.
El Prouni, cuya implementación fue dirigida por Haddad, fue instituido en 2005 por el gobierno de Lula tras ser avalado como ley por el poder legislativo, por lo que la Medida Provisional de Bolsonaro altera lo establecido en ese cuerpo legal.
La 1075 no solo aumenta la competencia por los paquetes de ayuda para estudiar al incluir a jóvenes con solvencia económica entre los aspirantes, sino que la fomenta el eliminar el requisito de presentar los documentos sobre los ingresos familiares.
También dejaría vulnerables a los postulantes discapacitados, cuyas condiciones de salud dejan de ser una prioridad para acceder a la educación superior mediante ese programa.
Para competir por las becas completas que ofrece Prouni, el estudiante debe acreditar un ingreso familiar bruto mensual de hasta 1,5 salarios mínimos por persona.
Mientras que para las subvenciones parciales el ingreso familiar bruto mensual debe ser de hasta tres salarios mínimos por persona.
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