En declaraciones a Prensa Latina, el senador Feliciano Valencia, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) explicó que la Minga denunciará las masacres, asesinatos selectivos, amenazas, reclutamiento de menores, desplazamientos forzados por estructuras criminales y actores armados que han provocado una profunda crisis humanitaria en el Cauca y el suroccidente colombiano.
«Aunque el Estado trata de contrarrestar la escalada de violencia no es suficiente para garantizar la tranquilidad de las poblaciones por lo que campesinos, afros e indígenas nos movilizaremos nuevamente los días 9 y 10 de diciembre hacia la ciudad de Cali a pesar de las amenazas a la Minga por parte de la ‘gente de bien’ azuzados por sectores políticos», afirmó el congresista.
El objetivo de la nueva movilización es denunciar ante el país y el mundo la tragedia que padecen los pueblos originarios y la incompetencia del gobierno para atender el drama diario que viven, explicó.
Además, la Minga va exigir a la administración de Iván Duque acciones contundentes por parte del Estado contra las estructuras criminales, inversión para contrarrestar la ilegalidad y cumplimiento de acuerdos, enfatizó el dirigente de MAIS.
Recientemente el senador del opositor Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda, denunció que el paramilitarismo urbano de Cali amenazó ya con agredir a la Minga y reprimir la movilización pacífica.
Por su parte, el vocero del Consejo Regional Indígena del Cauca, Hermes Pete, recalcó que van en paz y de manera pacífica, como siempre han hecho, y advirtió que María Fernanda Cabal, del oficialista Centro Democrático, es una de las personas más peligrosas contra esta movilización.
Cabal promueve la persecución, estigmatización y amenazas a los pueblos indígenas que reclaman sus derechos al tiempo que instó a los caleños a salir a las calles para ir contra la Minga, alertó Pete.
Por su parte la gobernadora, Clara Luz Roldán, aseguró que en Cali caben todo tipo de pensamientos o sectores sociales, pero advirtió que no permitirán bloqueos de vías porque el departamento y la ciudad están en plena recuperación tras los momentos más críticos de la pandemia y en ese sentido no retrocederán.
En este escenario, la Policía Metropolitana adelanta un despliegue operativo con la participación de dos mil 600 uniformados encargados de garantizar el derecho a la protesta pacífica y para que las actividades de la ciudadanía se realicen de forma normal.
En mayo pasado, durante las protestas antigubernamentales en el contexto del paro laboral, personas vestidas de civil dispararon contra los indígenas que estaban regresando a sus resguardos luego de la minga en esta ciudad.
Aseguran que fueron atacados por personas presuntamente respaldadas por la Policía, con saldo de al menos ocho heridos.
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