El grupo legislativo dio así luz verde al dictamen presentado por la fiscalía de la Nación, contra Merino y quienes fueron su primer ministro, Ántero Flores Arñaoz, y titular del Interior, Gastón Rodríguez.
Los tres fueron señalados como presuntos autores de los delitos de homicidio de los estudiantes Inti Sotelo y Bryan Pintado, baleados por la Policía, y de lesiones graves causadas por los uniformados a 78 manifestantes.
Según el procedimiento constitucional establecido, el dictamen aprobado hoy con 10 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, el caso pasará a la Comisión Permanente del Congreso para que disponga la investigación de fondo y el plazo.
Tras las pesquisas, la citada comisión determinará si denuncia a los acusados ante el pleno, a fin de que este decida si somete a Merino, Flores y Rodríguez a la justicia común, para su juzgamiento.
El informe de la fiscalía establece que “según las investigaciones preliminares realizadas por el Ministerio Público se habría utilizado de forma excesiva la fuerza” contra los manifestantes, parte de un movimiento en gran medida juvenil y espontáneo contra Merino y sus ministros de extrema derecha.
Merino reemplazó al presidente Martín Vizcarra, destituido por el Parlamento por la imprecisa causal de “incapacidad moral permanente” tras acusaciones de corrupción que le hicieron empresarios de la construcción.
Uno de los elementos claves para la vacancia de Vizcarra fueron las declaraciones del fiscal Germán Juárez, de que tenía evidencias contundentes de la culpabilidad del gobernante, aunque un diario hizo notar que, tras más de un año del cese de Vizcarra, Juárez no ha presentado aún una acusación formal contra el exmandatario.
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