El colectivo que documentó la violencia policial durante los casi tres meses del paro nacional -que comenzó el pasado 28 de abril- señaló por medio de un comunicado que una fuente confiable le proporcionó dicha información. Además, le confirmó que, desde hace dos semanas, las comunicaciones, los lugares de vivienda y los recorridos cotidianos de dos integrantes de la ONG son vigilados por parte del ente acusador.
«Desde hace cuatro años, nuestra organización ha trabajado desde múltiples escenarios en la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía”, recalcó.
Agregó que a través de su plataforma GRITA, ha denunciado las prácticas con las cuales la fuerza pública ha atentado en contra de la integridad y la vida de personas manifestantes, en contextos de protesta social, y de ciudadanías que han sido históricamente vulneradas, en sus contextos cotidianos.
«En los últimos dos años, nuestro trabajo se ha concentrado en la creación de canales confiables para la recepción de denuncias sobre prácticas de violencia policial, la creación de bases de datos que registran, triangulan y verifican rigurosamente» dichos actos.
Además, se dedica a la producción de informes que dan cuenta de la grave situación que atraviesa Colombia en materia de derechos humanos y en la prestación de servicios legales gratuitos y especializados para las víctimas de violencias perpetradas por el Estado.
«Durante el 2021, nuestro trabajo también se ha guiado por la constante preocupación de nuestros integrantes de generar puentes de interlocución entre las víctimas y el Estado para aportar al esclarecimiento de los hechos en los cuales, como lo reportó nuestra plataforma GRITA, mil 661personas
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