Con una participación similar a sendas marchas de septiembre y octubre pasado, los salvadoreños protestaron contra la implementación del Bitcoin, el encarecimiento de la canasta básica y el alza en las desapariciones.
Además, determinados colectivos ambientalistas protestan contra ciertos aspectos del anteproyecto de ley que estudia la Asamblea Legislativa para garantizar el derecho humano al agua y su gestión responsable.
Según medios locales de prensa en esta marcha participan grupos feministas, sindicatos, defensores de derechos humanos, ambientalistas, jueces salvadoreños y ciudadanía en general.
Los organizadores denunciaron en redes sociales, con vídeos como prueba, que varios ómnibus que conducían a manifestantes a San Salvador desde otros territorios fueron bloqueados por retenes policiales.
En redes sociales, el presidente Nayib Bukele compartió determinadas imágenes para deslegitimar la marcha y su nivel de convocatoria, e incluso sugirió que el Gobierno de Estados Unidos estaba detrás de estas protestas.
A su vez, en redes sociales la oposición viralizó la etiqueta #El12Marchamos, y aseguró que los despliegues militares y policiales obedecían al presunto miedo del ejecutivo a las manifestaciones.
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