Según medios de prensa locales, se trata de la mayor rebelión partidista que enfrenta el primer ministro Boris Johnson desde las elecciones generales de diciembre de 2019.
La manzana de la discordia ahora son las medidas anunciadas la semana pasada por Johnson, tras confirmarse que el número de personas contagiadas con ómicron se están duplicando cada dos o tres días, y muy pronto podría convertirse en la variante dominante en el Reino Unido.
Entre las restricciones que serán sometidas a votación este martes, y que muchos de los legisladores temen sea la antesala de otro confinamiento, están el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público y espacios cerrados, y el restablecimiento del teletrabajo.
Una de las más controvertidas, sin embargo, es la que establece que para entrar a un club nocturno o a un evento masivo será necesario mostrar un pasaporte de vacunación o un resultado negativo a una prueba rápida de Covid-19.
Tras el surgimiento de la nueva variante, el Reino Unido cerró sus fronteras con una decena de país del cono sur africano, comenzó a exigir pruebas negativas de Covid-19 a todos los viajeros internacionales y acortó a tres meses el intervalo para recibir la dosis de repuesto.
Según Johnson, las medidas son las adecuadas para tratar de contener la propagación de ómicron, que afecta ya a cerca de cinco mil personas en el país, y es responsable de al menos una muerte.
Los diputados rebeldes consideran, sin embargo, que las restricciones, y sobre todo la relacionada con el acceso a los lugares de esparcimiento, afectan las libertades civiles.
Aunque todo indica que el Plan B de Johnson pasará el escrutinio parlamentario, porque el opositor Partido Laborista prometió apoyarlo, las criticas desde la bancada conservadora representan una humillación para el primer ministro, acosado en las últimas semanas por varios escándalos relacionados con casos de corrupción, tráfico de influencia y fiestas celebradas en medio de la cuarentena del año pasado.
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