La directora de la organización Sierra Club, Adriana González, reveló que enviaron cartas a los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado advirtiendo que el gobierno recurre al mismo proceso sin transparencia utilizado para confeccionar el contrato con el consorcio norteamericano LUMA Energy.
“La Asamblea debe detener esta privatización. El pueblo no puede aguantar más contratos como los de LUMA, que subirán la tarifa y empeorarán el servicio eléctrico”, dijo.
González destacó que los elementos leoninos del contrato con el consorcio canadiense-estadounidense hacen daño al país, incluyendo la falta de penalidades si LUMA sobrepasa su presupuesto, como ya hizo, y la negación de los derechos adquiridos de los empleados de la estatal AEE.
Esto trajo como consecuencia una fuerza laboral inexperimentada e insuficiente para atender los reclamos de los abonados ante los constantes cortes eléctricos.
El proceso de privatización de la generación está encabezado por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), organismo público muy cuestionado, y se anticipa que los contratos estén completos próximamente sin tomar en cuenta la Ley 120 de 2018, tal como ocurrió con el convenio de LUMA Energy.
Esta legislación establece que debe haber estudios de deseabilidad y conveniencia para analizar esta privatización, señaló González.
En vez de firmar contratos de largo plazo para el uso continuo de las plantas de combustibles fósiles, como propone la AAPP, la coalición Queremos Sol reclama una transformación hacia un sistema de generación descentralizado y basado en la energía solar en techos con almacenamiento.
Según un análisis económico de la organización Cambio, el uso de 9,6 mil millones de dólares en fondos federales para transformar el sistema energético de Puerto Rico a 75 por ciento de energía renovable distribuida para 2035 resultaría en una tarifa estable de 15 centavos por kilowatt-hora (kWh).
De esta tarifa, aproximadamente la mitad, 7,5 centavos por kWh, representaría el costo de generación.
La coalición también se opone al desarrollo de proyectos privados de energía solar a gran escala en terrenos agrícolas y terrenos de valor ecológico.
Queremos Sol enfatizó su rechazo a la privatización del sector energético al destacar la necesidad de que la Asamblea intervenga en el proceso y descarte cualquier contrato que replique los problemas del hecho con LUMA Energy.
“Si la Asamblea no interviene en este proceso, no habrá transparencia ni oportunidad para la fiscalización pública antes de que se firmen los contratos de privatización”, señaló Ingrid Vila, presidenta de Cambio.
Agregó la también portavoz de Queremos Sol que, como ya hemos visto, esta falta de transparencia es una receta para más contratos políticos que no representan los mejores intereses del país.
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