Italia Nostra, Legambiente, Liga Italiana de Protección de Aves y Fondo Mundial para la Naturaleza, juntos al Instituto Nacional de Urbanismo y la Fundación Re Soil destacaron que “ha llegado el momento de que Italia desempeñe su papel”.
Solicitaron a los titulares asumir “un rol protagónico en el debate” de la nueva estrategia de la Comisión Europea (CE), la cual será evaluada a partir del lunes próximo por el Consejo de los Ministros del Ambiente.
No podemos volver a ser espectadores esta vez, destaca el texto difundido aquí por Legambiente, el cual añade que la protección del suelo es un tema estratégico para Italia, país que enfrenta diversas formas de degradación severa e incluso riesgos de desertificación.
La nueva estrategia, además de actualizar los compromisos para la protección de los suelos y situarlos en el marco de los objetivos del Green Deal, contiene una hoja de ruta para dotar a la UE de una legislación en materia de suelo, la cual será aprobada al final de la legislatura encabezada por Úrsula Von Der Leyen.
En el texto a los ministros, las organizaciones señalan que el “el Green Deal es una oportunidad para tener por fin una ley europea que se haga cargo del creciente estado de degradación y consumo de los suelos”.
La Comisión, precisa la petición de las asociaciones, hizo su propuesta, en tanto Italia debe jugar su rol apoyándola en las salas de la Eurodiplomacia, para que en el Consejo Europeo prevalezca la línea favorable a la nueva normativa.
Datos de la Comisión Europea, citados por Legambiente en su texto, indican que el 70 por ciento de los suelos de la UE están en un estado de degradación más o menos grave y ello conlleva a pérdidas estimadas en más de 50 mil millones de euros anuales, tanto por falta de producción agrícola como por el aumento del riesgo hidrogeológico.
La UE estableció durante algún tiempo un objetivo de consumo de tierra cero que debe alcanzarse para 2050, pero al faltar una legislación, carecen de obligatoriedad vinculante para garantizar que los Estados miembros y las autoridades locales contribuyan a la consecución de ese objetivo.
En 2014 esa instancia se vio obligada a retirar una propuesta tras la oposición de cinco Estados miembros importantes, incluido entonces el Reino Unido; camino al parecer ahora menos accidentado.
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