Con tres votos del proponente partido Cabildo Abierto y 13 del Frente Amplio en una Cámara legislativa de 31 integrantes culminó un debate de extensas horas, después de casi un año de decisión postergada.
Hace dos día el primer mandatario reiteró su intención de devolver al acuerdo, tal como amenazó en diciembre de 2020 cuando la Cámara de Representantes le otorgó media sanción a la propuesta legislativa.
El senador cabildante impulsor del proyecto, Guido Manini, puntualizó que no es un ataque contra el sector forestal pero si que el país se transforme en un “gigantesco bosque de eucaliptus” y apuntó hacia “el tremendo poder que tiene el lobby celulósico” en referencia a las industrias pasteras del papel.
Dijo que lo que busca es que no se utilicen «las mejores tierras» para esos fines y que quiere defender a aquellos productores que quieren radicarse en la tierra y vivir de lo que ella produce.
A su turno, el frenteamplista Alejandro Sánchez consideró correcto que Uruguay “regule y establezca prohibiciones, orientaciones” y aseguró que el tope de hasta un millón 600 mil hectáreas establece crecimiento de plantación de cultivos forestales para los próximos 20 años.
Hasta esta última sesión legisladores de los partidos gubernamentales Nacional Y Colorado se empeñaron en imponer en lugar de la ley adoptada un decreto presidencial ya firmado con regulaciones, pero susceptibles de cambios ejecutivos, elaborados por Los ministros de Ganadería y Agricultura y Ambiente, Fernando Mattos y Andrés Peña, respectivamente.
Otro saldo que dejó fue una agudización de diferencias internas en la coalición electoral gobernante, con el antecedente del desmarque crítico por Cabildo Abierto de decisiones de políticas desde el Poder Ejecutivo y esta vez con un desafio a la amenaza de veto presidencial.
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