En su conferencia de prensa matutina desde Tabasco, el mandatario recomendó esperar el resultado de la votación en el INE, pero explicó que todavía queda la instancia del Tribunal Electoral y luego la Suprema Corte para decidir sobre la actitud del consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, que pospondrá la consulta.
Córdova, abierto adversario del Gobierno, alega falta de presupuesto para enfrentar los gastos de ese proceso, el cual rechazan los partidos de oposición, encabezados por Acción Nacional.
López Obrador recordó que de manera provisional la Suprema Corte resolvió llevar a cabo la consulta de revocación, «y es lo más importante, pues lo demás es secundario, si tienen o no dinero, si van a poner más menos casillas en las boletas».
El tema de fondo es que se va a establecer el precedente histórico, lo quieran o no, de que el pueblo va a ejercer su derecho a la revocación del mandado y soberanamente será el que pone y quita a su Presidente, aclaró.
Con la democracia representativa, apenas elegía a sus gobernantes y ya los escogidos se sentían intocables, aunque cometieran actos autoritarios y de corrupción. Había que aguantarlos seis años dañando al país, explicó.
Expresó que «ahora nadie se va a poder sentir absoluto y, ojalá, eso se aplique en todos los niveles de mandato y sea la gente quien tenga en sus manos las riendas del poder».
Reiteró que la corte decidió llevar a cabo la consulta como práctica obligatoria por lo que el fondo del tema está resuelto y los demás esfuerzos y amenazas del INE son «achicanadas».
Con esas afirmaciones, el mandatario responde a amenazas ayer de Córdoba, su acérrimo adversario, de desestimar la decisión de la Corte y posponer el desarrollo del proceso de consulta, tras la entrega de las firmas de apoyo a la iniciativa presidencial (ya casi completadas).
Argumenta para ello el tiempo de verificación de las firmas y la espera a que la Corte o las instancias competentes entreguen al INE el dinero solicitado para la consulta, verdadero motivo de su posición que incluye un aumento salarial a pesar de que sus funcionarios ganan más que el Ejecutivo, lo cual viola la ley.
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