Nunca aceptaremos la propuesta aprobada en la trigésimo sesión extraordinaria del CDH, porque se utilizó para imponer aquí un mecanismo políticamente motivado, declaró la portavoz del Gobierno, Selamawit Kassa.
Ese encuentro sirvió para legitimar una iniciativa orientada a interferir en los asuntos etíopes, subrayó en conferencia de prensa.
La decisión adoptada en Ginebra socava los esfuerzos en curso para garantizar la rendición de cuentas sobre supuestos delitos ya investigados, señaló Kassa.
El Consejo aprobó la víspera un proyecto, presentada por la Unión Europea, para establecer un grupo de al menos tres especialistas que volverá a investigar hipotéticos abusos de los derechos humanos en la región norte.
Apoyada por 21 países (15 la reprobaron, 11 se abstuvieron), la resolución fue ordenada por un año y estipula que los integrantes de la comisión sean designados por Nazhat Shameem, presidenta del CDH.
Para Addis Abeba, “es lamentable que el dictamen llegue cuando el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF, por siglas en inglés) intensifica la violencia contra los civiles”.
Los últimos meses, explicó la vocera, “los medios de comunicación y organismos internacionales conocieron atrocidades cometidas por el TPLF en áreas recientemente liberadas”.
Quedaron al descubierto fosas comunes y los sobrevivientes relatan asesinatos masivos, saqueos, violaciones y crímenes cometidos por las fuerzas tigriñas, aseguró.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía investigaron conjuntamente sospechadas transgresiones en el conflicto en el norte, y el Gobierno está comprometido a continuar la rendición de cuentas, resaltó.
Los derechos humanos son una agenda clave para las autoridades, aseveró e informó que “fue creada una institución independiente para garantizar que se implementen plenamente”.
En noviembre de 2020, tras el ataque del Frente al Comando Norte de la Fuerza de Defensa Nacional en Tigray, el Ejército inició una ofensiva contra el grupo, declarado terrorista por el Parlamento.
Luego del armisticio declarado por las autoridades federales en junio último, la organización invadió las regiones de Afar y Amhara, donde masacró civiles, arruinó instituciones públicas y destruyó propiedades privadas, según denuncias oficiales.
No obstante, de acuerdo con las acusaciones, algunos medios de comunicación y países de Occidente apoyan la criminalidad de los insurgentes, y la Organización Mundial de la Salud y la Unesco, entre otros organismos, mantienen un silencio cómplice.
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