Tal reacción ejecutiva se hizo previsible desde diciembre de 2020 ante la sanción favorable de la Cámara de Representante a una propuesta legislativa del partido oficialista Cabildo Abierto dirigido a controlar la expansión de tierras dedicadas a sembrar eucaliptus en detrimento de otros renglones agropecuarios.
La amenaza entonces del mandatario Luis Lacalle Pou de ejercer el veto de adoptarse el proyecto en el Senado se concretó el jueves 16, una vez que esa instancia lo refrendó con el saldo favorable de 16 de 31 integrantes.
Hasta último momento los partidos de coalición gubernamental Nacional y Colorado, intentaron infructuosamente reemplazar la propuesta de Ley por la de un decreto presidencial ya firmado, de futuro cumplimiento ejecutivo discrecional.
El proponente CA y el Frente Amplio reconocieron valores en esa alternativa, pero convergieron en la mayor importancia de una ley para regular la expansión de bosques para celulosa industrial en las mejores tierras y defender a aquellos productores que quieren radicarse a vivir de los alimentos que produce la tierra.
El líder senador cabildante Guido Manini acudió al día siguiente a la casa de gobierno a tratar de convencer a Lacalle Pou de lo erróneo de vetar la ley aprobada, pero este lo recibió con una notificación firmada para su consideración en Asamblea bicameral el próximo 29 de diciembre.
La bancada legislativa del Frente Amplio rechazó en la semana las políticas de desmantelamiento de las empresas públicas luego de reunirse con directores de las mismas filas en la Administración de Combustibles y Portland (Ancap), de telecomunicaciones Antel, de energía eléctrica UTE y de servicios sanitarios de agua, OSE.
Senadores y diputados examinaron puntuales falta de inversiones, y en general de reposición de capital humano porque ello determina una caída en la calidad de los servicios, y genera un impulso para imponer una estrategia de sustitución de la actividad por privados.
A su vez, los diputados frenteamplista se retiraron de una comisión investigadora de licencias sindicales a docentes, impulsada por el oficialismo para deslegitimar un instrumento legal para gestión gremial.
La vicepresidenta de la comisión, Lilian Galán, del Frente Amplio, sostuvo que no está dentro de las potestades del Parlamento investigar el accionar de un profesor ni de un sindicato, y nunca se encontró evidencias de mal uso de licencias por parte de los docentes”
Al final de la semana, el diputado comunista uruguayo, Gerardo Núñez, pidió conocer la postura de la cancillería de su país respecto a la eventual integración a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por invitación del líder del derechista Partido Popular español, Pablo Casado.
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