La fiscal Norah Córdova respondió así en una entrevista televisiva, alegando que no investiga al presidente sino dirige las pesquisas sobre un contrato de suministro de combustible a la empresa estatal Petroperú, bajo sospecha de corrupción y en la que reportajes de televisión involucran a Castillo.
“No me voy a inhibir del caso, mi actuación se está demostrando con la investigación”, alegó.
Añadió que solo la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, puede investigar al gobernante, por su rango, y eso solo ocurriría si en las actuales pesquisas aparecen elementos que ella considere que ameritan hacerlo.
En un temprano informe a la fiscal de la Nación, Córdova incluyó al jefe de Estado como presunto involucrado, pero hoy sostuvo que no ha incurrido en carencia de imparcialidad que motiven su apartamiento del caso, como ha pedido el abogado de Castillo.
La primera ministra, Mirtha Vásquez, manifestó preocupación por la posible falta de garantías de imparcialidad de Córdova y medios de prensa de diversas tendencias recogen los cuestionamientos a la fiscal.
Córdova admitió los señalamientos referidos a su condición de difusora de mensajes con ataques e insultos contra Castillo, sobre lo cual dijo que como fiscal debe ser imparcial, pero como ciudadana tiene derecho a opinar y lo hizo durante la campaña electoral.
Los mensajes revelados por la prensa incluyen ataques de carácter anticomunista y hasta racista contra el gobernante, propalados tras su elección, pero alegó que “como ciudadana me merece mucho respeto el presidente de la República”, lo que no pareció convencer a los entrevistadores.
En la entrevista se le recordó que en julio de 2018 fue separada de la investigación a una red de corrupción de jueces, fiscales, políticos y otros personajes en su mayoría de extrema derecha, porque intentó incautar grabaciones de audio que demostraban los delitos cometidos por la red, en la que presuntamente formaba parte su esposo, actualmente investigado.
Por otra parte, la empresa Petroperú anuló la licitación de la compra de bio-combustible por 74 millones de dólares, adjudicada en forma irregular a una empresa privada.
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