El informe precisa que se ejecutó la incautación culminando el proceso de extinción de dominio seguido al exgobernante, su esposa Eliane Karp y su suegra Eva Fernenbug, ambas belgas, y los tres son investigados por el presunto delito de lavado de activos.
Las investigaciones de los fiscales establecieron que Toledo cometió ese delito al recibir un soborno de más de 30 millones de dólares para favorecer a la empresa brasileña Odebrecht con contratos de construcción de obras viales en Perú.
Los inmuebles incautados son una mansión, una casa de playa y una lujosa oficina, mientras que la medida judicial se dictó debido a que fueron pagadas con dinero de origen ilícito, es decir parte del soborno recibido de Odebrecht.
Las propiedades serán administrados por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) hasta que se resuelva definitivamente su destino como patrimonio del Estado.
Toledo y Karp viven en Estados Unidos y su extradición, solicitada por la justicia peruana, fue aprobada por los tribunales de ese país, aunque está pendiente de una apelación y de la autorización del gobierno norteamericano, del cual fue aliado el gobierno del extraditable (2002-06).
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