El objetivo proclamado de los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de México, Andrés Manuel López Obrador, es cooperar con aquellos países de América Latina y el Caribe a acceder al inmunológico a un precio razonable.
No es mucho para la situación económica y financiera de muchos, pero sí puede beneficiarlos frente a una distribución global de tanta desigualdad. Fernández habló de un precio de cuatro dólares la unidad, ya manejado en México,
Tampoco es una limosna, pues ese monto permite recuperar la inversión y quizás hasta obtener alguna ganancia.
Por ejemplo, en agosto de 2020, AstraZeneca proporcionó 300 millones de dosis a Estados Unidos por mil 200 millones de dólares, un precio unitario precisamente de cuatro dólares, la misma cifra citada por el presidente Fernández.
En aquella época un portavoz de AstraZeneca dijo que esa financiación también cubría el desarrollo y las pruebas clínicas de la vacuna, por lo tanto, igual debe ocurrir ahora si los países que la reciben tienen que pagar el mismo precio que Estados Unidos.
Los inversionistas principales del proyecto son Carlos Slim, el hombre más rico de América Latina y número 10 en el mundo, y el empresario argentino Hugo Sigman, propietario de biotecnológica mAbxience.
El acuerdo se reduce a procesar en Argentina el principio activo de la patente europea y envasarla en una planta de los laboratorios Liomont en México, y a partir de esa colaboración distribuir en algunos países de la región 250 millones de unidades.
Slim Domit, hijo del magnate quien encabeza el proyecto, dejó en claro que la fundación participa «con la disponibilidad de los recursos en complemento con los gobiernos de los países», con el objetivo de que la vacuna esté disponible «a precios muy accesibles».
Por lo tanto, no es donación, lo cual corroboró el presidente Fernández al reiterar que, gracias al financiamiento de Slim, se conseguiría una vacuna «a precios más razonables» y precisó que “podrían rondar los cuatro dólares”.
López Obrador admitió que no podía dar cifras de las inversiones privadas porque “es una acción sin fines de lucro”, de lo cual podría inferirse -sin seguridad por supuesto- que el “precio razonable” de Fernández, o el “más accesible” de Slim hijo, pueden acercarnos a una cifra global de mil millones de dólares para el lote de 250 millones de unidades calculado.
¿Cuánto más o menos de mil millones de dólares habrá de costar la producción de ese total? No lo sabemos, pero sí está el antecedente de los montos de las compras de Estados Unidos a igual precio.
Si los costos de la adquisición por parte de países pobres llegan a esos dígitos, difícilmente podrán satisfacer las necesidades de vacunación. El acuerdo, que se sepa, no habla de ventas a crédito.
Parece importante hacer unas precisiones sobre la valoración de Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quien estimó es la primera decisión de este tipo para un biológico anti-Covid “elaborado” en América Latina.
Eso significa que no sea una vacuna latinoamericana, y mucho menos su primer biológico antiCovid-19, título que no se le puede arrebatar a Cuba.
Sólo para aclarar malas interpretaciones, el biológico binacional aprobado por la OMS con denominación internacional Vacuna Covid-19 (ChAdOx1-S (recombinante), o Vaxzevria (AZD1222), es una versión de la patente Oxford-AstraZeneca.
Si como dijo Etienne es «un hito para América Latina» en materia de transferencia de tecnología, habría que ver los derechos de México y Argentina hasta dónde llegan al respecto porque en los anales de la batalla legal por desmonopolizar patentes y abrir al mundo el derecho de autor no hay acuerdos tangibles de esa naturaleza.
El bloqueo de Estados Unidos a Cuba es una prueba fuerte y repetida al respecto: todo artículo que tenga aunque sea un gramo de producto patentado por estadounidenses no se puede comercializar con la isla.
A fin de no ilusionarnos mucho, es bueno saber que, públicamente al menos, no hay en el acuerdo con Oxford-AstraZeneca atisbos de que sea una transferencia tecnológica con todos los derechos que esta debe implicar.
Una enseñanza de este episodio es que la versión que acaba de aprobar la OMS movida por el compromiso, según Etienne, “de dar un apoyo continuo a nuestros países para aumentar la producción de medicamentos críticos”, tiene piernas flacas porque se parcializa en un solo caso de los decenos almacenados con igual propósito.
Los avales de tres vacunas cubanas antiCovid-19 superan en todos los índices básicos de eficacia y seguridad a la réplica de la Oxford AstraZeneca, y junto a otras de gran calidad y propósitos según los propios requisitos de la OMS, duermen el sueño eterno en espera de que se haga lo mismo que con la versión argentino-mexicana.
Tal letargo es sospechoso, como también los argumentos que se esgrimen para no concederle el aval; poco o nada tienen que ver con parámetros médico-científicos y se centran en asuntos de burocracia como estrategia y cronograma de entregas, que mueven a pensar más en trabas políticas que de otra naturaleza.
No hay intención de acusar, insinuar o responsabilizar a la OMS de contribuir de alguna manera con el bloqueo del gobierno de Estados Unidos a la isla, pero sí recordar que un aval de la vacuna o de cualquier medicamento, lo es también para poder comercializar libremente.
La OMS deja expedito el camino para utilizarla, por ejemplo, en el programa Covax de Naciones Unidas, que tiene como objetivo proporcionar alrededor de dos mil millones de vacunas a los países en desarrollo.
Cuba es el primero en tener tres vacunas propias con excelente eficacia en la inmunización del 90 por ciento de la población, y otros dos candidatos en camino de serlo; el líder mundial en inmunización de sus niños a partir de dos años de edad, y vacunación de refuerzo con biológicos nacionales, a pesar del bloqueo económico de Estados Unidos, aunque la OMS no reconozca esas hazañas.
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